Aunque están distantes, hay diez fiscalías del país que tienen un elemento en común: la principal denuncia que han recibido en los primeros siete meses del 2018 ha sido por robo calificado o agravado.
En conjunto, esas diez dependencias del ministerio público han recibido 4,912 denuncias de infracciones por ese acto ilícito, de 21,137 de esa naturaleza, registradas en 33 fiscalías.
Ese comportamiento se registra en las fiscalías ubicadas en las provincias Espaillat, Hato Mayor, Hermanas Mirabal, La Altagracia, La Vega, La Romana, San Cristóbal, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez y Valverde.
Las denuncias por ese delito ocupan el segundo lugar entre las 49 infracciones reportadas en 33 fiscalías del país, donde, según informe de la Procuraduría General de la República, fueron presentadas un total de 139,701 denuncias de delitos durante el período comprendido entre enero y julio del 2018. Pero el robo simple está en la posición 25, con un total de 245, representando solo el 0.18 por ciento de la totalidad de infracciones denunciadas.
El robo es la sustracción con fraude de una cosa que no le pertenece, pero cuando el hurto se comete en ciertas circunstancias se le denomina calificado o agravado, por lo cual aumenta la pena.
El Código Penal dominicano señala cinco circunstancias que convierten el robo en calificado o agravado, entre ellas cuando ha sido cometido de noche; por dos o más personas; llevando armas visibles u ocultas; con rompimiento de paredes o techo, o con escalamiento o fractura de puertas o ventanas, viviendas, aposentos y otros lugares habitados, y cuando ha sido cometido con violencia o amenaza de hacer uso de armas de fuego. El robo es sancionado con la pena de 5 a 20 años de prisión, pero se reserva el máximo de la pena cuando es calificado o agravado
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