EFE
Estados
Unidos
El
Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevó este
martes a cabo la primera ejecución de un convicto por delitos federales
en 17 años, apenas seis horas después que el Tribunal Supremo anulara la
objeción de una jueza al procedimiento usado en la aplicación de la pena
capital.
"Ley
y orden", declaró Trump en un mensaje en su cuenta
de Twitter poco después de que se conociera la decisión
del Tribunal Supremo de dar vía libre a las ejecuciones.
"He
cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino", dijo Lee en
su declaración final. "Están matando a un hombre inocente", agregó.
En
respuesta a la apelación de cuatro condenados a muerte, la jueza federal de
Washington Tanya Chutkan había emitido el lunes un dictamen
indicando que el nuevo protocolo para la ejecución de la pena capital
probablemente viola la Octava Enmienda de la Constitución.
Dicha
enmienda establece que a los presos no se les puede someter a "castigos
crueles o inusitados".
La
magistrada aseguró en su fallo que había pruebas suficientes de que el fármaco
letal empleado en la ejecución, el pentobarbital, "produce sensaciones
de ahogamiento y asfixia" y causa "dolor extremo, terror y
pánico".
Los
tribunales estadounidenses habían puesto bajo revisión el nuevo protocolo para
las ejecuciones federales, en las que ahora se debe emplear solamente el pentobarbital,
en lugar de la combinación de varios fármacos que se usaba antes, y que ha dado
problemas y provocado macabros episodios de intentos fallidos.
Esta
era la segunda vez que la magistrada de la capital estadounidense emitía un
fallo sobre el asunto, después de que en noviembre pasado rechazara ya las
ejecuciones por este procedimiento, una decisión que posteriormente fue
revocada por un tribunal de apelaciones.
El
pasado 29 de junio, el Tribunal Supremo se había negado a bloquear la ejecución
de cuatro presos de cárceles federales que están programadas para este mes y
para agosto, la primera de ellas la de Daniel Lewis Lee.
El
fiscal general de EE.UU., William Barr, ordenó el año pasado al Buró Federal de
Prisiones que reanudara el programa de ejecuciones.
La
última ejecución federal antes que la de Lewis Lee había
tenido lugar en 2003 y actualmente quedan 61 presos condenados
a la pena capital por el Gobierno federal, según el Centro de Información sobre
la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).
Entre
ellos figuran el condenado por los atentados del maratón de Boston de 2013,
Dzhokhar Tsarnaev; y Dylann Roof, sentenciado a muerte por el asesinato de
nueve feligreses afroamericanos en una iglesia de Charleston, en Carolina del
Sur, en 2015; aunque ambos se encuentran en el proceso de apelación legal.
La
reanudación de la aplicación de la pena capital federal contrasta con la
tendencia registrada en EE.UU. en los últimos años, con la
reducción progresiva de las ejecuciones, cada vez más concentradas en los
estados conservadores del sur del país.
De
hecho, varios estados han abolido recientemente la pena de muerte, hasta llegar
a los 22 de los 50 que tiene el país.
El
último fue Colorado, que la suspendió en marzo.
Después
de que el Gobierno de Donald Trump anunciara la vuelta de la pena capital a
nivel federal, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés)
criticó la decisión al asegurar que el Departamento de Justicia está "de
nuevo en el lado equivocado de la historia".
"El
sistema federal de la pena de muerte no funciona y es racista, inefectivo y
cruel (...) y esta decisión nos devuelve el país décadas atrás", afirmó en
un comunicado.
El
DPIC, que recopila información sobre la pena de muerte, aseguró que "desde
1973 más de 160 personas que fueron acusadas erróneamente y condenadas a muerte
en EE.UU. han sido posteriormente exoneradas" Tomado de Listín Diario
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