Santo Domingo, RD
La
Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, le quitó varios
expedientes de presuntos actos de corrupción a la fiscal del Distrito Nacional,
alegando que los casos habían sido remitidos a esa instancia “de manera
segmentada y sin criterio definido”.
La
jefa del Ministerio Público solicitó a la fiscal titular Rosalba Ramos, el
desapoderamiento y la devolución de los expedientes, incluyendo la denuncia
de corrupción contra funcionarios del Instituto
Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) que
presidía Berlinesa Franco, por violación a la Ley 155-17 sobre
Lavado de Activos, el de la denuncia de presuntas irregularidades en el Inaipi,
que favoreció a una empresa, hasta el momento desconocida, con una licitación
valorada en 100 millones de pesos para la entrega de 40 mil kits de alimentos,
cada uno valorados en 2,500 pesos.
Manifestó que decidió quitarle los expedientes a la fiscal, como parte de una reingeniería enfocada en la transformación integral de las indagatorias y los procesos relativos a ese delito y que las denuncias se enviaron de forma discrecional al Distrito y sin seguir ningún parámetro razonable que lo justificara.
Indicó
que había pedido a la fiscal Ramos, mediante oficio del 25 de agosto, una lista
de los casos de corrupción que se encontraban en esa jurisdicción y que luego
otorgó un plazo de 48 horas para su remisión ante la Procuraduría General, en
donde lo asumirá junto a un equipo de su gestión.
Señaló
que los citados casos ameritan ser investigados siguiendo los mismos parámetros
objetivos elaborados por el Ministerio Público que encabeza para que haya un
procedimiento estandarizado.
“Las
investigaciones de corrupción requieren de una gestión integral que permita
disponer del capital humano y los recursos técnicos indispensables para la
persecución efectiva que demandan". En ese contexto, recuerda que
“realizar los procesos de investigación en varias dependencias puede atentar
contra el plazo razonable que se debe observar por mandato de la ley".
Deploró
que hasta el momento en República Dominicana los casos de corrupción se hayan
investigado y procesado siguiendo acciones aisladas y sin las herramientas
necesarias para instrumentar los procesos a la altura de las acciones
criminales complejas a las que pertenecen y que son propias del crimen
organizado.
Otros expedientes
Además,
el caso de corrupción administrativa de la Oficina Metropolitana de
Servicios de Autobuses (OMSA) que involucra a Manuel Rivas, Faustino
Rosario, y compartes, así como el del Consejo Estatal de Azúcar (CEA),
encabezado por Pedro César Mota Pacheco y compartes.
Otro
de los casos se basa en una denuncia de Somos Pueblos contra José del
Castillo, por la supuesta violación a la misma legislación.
Los
expedientes incluyen las denuncias presentadas contra Ricardo Andrés Castillo
Terrero por la supuesta violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y la
Ley 340 sobre Compras y Contrataciones del Estado, presentadas al Ministerio
Público el 14 de julio y el 20 junio por el abogado Guido Gómez Mazara.
También,
las presentadas por el mismo abogado, los días 12 y 25 de mayo de este año, así
como el 26 de junio, contra Gonzalo Castillo y Helidosa Aviation Group por
supuesto enriquecimiento ilícito y violación a la Ley 340.
El
procedimiento se trata de una avocación que se ampara en las atribuciones que
le confiere la Ley Orgánica del Ministerio Público (Núm. 133-11, del 7 de junio
de 2011), la cual en su artículo 30, inciso 10, le otorga al Procurador General
de la República la atribución de “asumir, por sí mismo o a través de uno de sus
adjuntos, cualquier proceso penal de acción pública que se promueva en el
territorio nacional cuando lo juzgue conveniente al interés público”.
“Esta
avocación estará precedida de un dictamen motivado al efecto y comporta el
traslado la responsabilidad de la gestión del caso, no pudiendo ser devuelto al
Ministerio Público originariamente apoderado”, dice el auto.
Germán
Brito plantea que el Ministerio Público toma “todas las medidas necesarias” con
el propósito de “garantizar el cumplimiento efectivo de uno de los objetivos
más relevantes para el órgano de investigación de la República Dominicana:
perseguir con resultados eficientes los casos de corrupción”.
Recuerda,
en uno de su considerando, que la Convención de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) contra la Corrupción define ese flagelo como “una plaga insidiosa
que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad”.
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