Santo Domingo, RD
El
director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, informó que la
entidad se encuentra investigando un caso de adquisición de
medicamentos de la pasada gestión de Promese por RD$270 millones.
Al
ser entrevistado en el programa El Día, Pimentel dijo que estos procesos “a simple
vista” indican violaciones de plazos vinculados a la Ley de Compras y
Contrataciones y que fueron realizados en el marco del decreto de
Emergencia, además de que existe una documentación que no es consistente porque
se hizo una adjudicación primero, luego una readjudicación y después una
reconsideración.
“Es un caso que empezamos a ver desde esta semana y sobre el cual vamos a tener una decisión próximamente”, destacó Pimentel.
Señaló
que se han encontrado 308 casos para investigar, de los cuales unos 230
están en fase de revisión para tomar decisiones, por lo que se ha
fortalecido el equipo de investigaciones, reclamaciones e impugnaciones sumando
recursos humanos y nuevas capacidades para resolver todas las controversias.
Agregó
que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas ha dedicado un
tiempo importante a procesos organizativos internos y a confirmar y tener la
precisión de todos los planes, acciones y programas.
Prohibiciones a funcionarios
Pimentel
recalcó que ha hecho una primera advertencia, de la cual cada funcionario es
dueño de sus actos, para que renuncien a ser proveedores del
Estado si en algún momento se registraron, además de que los
funcionarios salientes deberán esperar seis meses para hacer contratos de
compras y contrataciones con el Estado
“Tienen
que tener la precisión de saber de si se han inscrito como proveedor del Estado
como persona física o natural y deben proceder a solicitar su inhabilitación al
tiempo de que estamos solicitando al Ministerio de Administración Pública la
base de datos de todos los funcionarios de recientes ingresos que se cruzará
con el registro de proveedores para ver cuáles tienen la prohibición de
contratar con el Estado”, enfatizó.
Aseguró que la entidad que dirige desarrollará mecanismos de alerta y
detección temprana, tomando en cuenta que en las declaraciones
juradas de patrimonio se tendrá información valiosa
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