Santo Domingo, RD
A
pesar de que en días pasados, Hugo Álvarez Pérez, presidente de la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana, informó que a finales de este mes de
septiembre se podría presentar el informe de la investigación especial
realizada a 11 proyectos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones,
ejecutados por la empresa constructora Odebrecht, un voto disidente de un
miembro, de los cinco que conforman el pleno, revela incumplimientos en la
indagación para este dictamen.
Margarita
Melenciano Corporán, miembro del pleno de la Cámara de Cuentas, emitió un voto
contrario a la investigación que realizó esa institución, al considerar que
hubo incumplimientos de disposiciones técnicas y legales, a cargo del Ministerio
de Obras Publicas y Comunicaciones, y que no fueron observadas o detectadas
por los auditores actuantes.
Melenciano Corporán solicitaba con su voto contrario a la investigación que la misma fuera desestimada.
Este
voto, emitido en la sesión ordinaria del 11 de agosto de 2020, indica que las
autoridades del Ministerio de Obras Públicas, “no presentaron los documentos
o estudios referenciados con motivo de las respuestas o reacciones que se originaron
por las recomendaciones que formularon los auditores de la Cámara de Cuentas
de la República”.
De
igual forma, las modificaciones o adendas de los contratos de las obras públicas
investigadas constituyen una modificación a los pliegos de condiciones
específicas, lo cual significa una violación a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones
de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
Melenciano
Corporán, también justifica el voto disidente a la investigación, al entender
que las modificaciones o adendas a los contratos vulneran las disposiciones
del artículo 127 del reglamento de la ley 340-06, “pues excede en más de un 25
% el monto contratado originalmente”.
“En
consecuencia, que el informe no debe ser aprobado, debido a que, contrario a
lo presentado por los auditores de la Cámara de Cuentas, en la contratación
de las obras investigadas se aprecian violaciones al ordenamiento jurídico
del Estado, y que las mismas comprometen la responsabilidad de las autoridades
administrativas que contienen la atribución de velar por el control interno
del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOCP)”.
Este
voto fue rechazado por Hugo Francisco Álvarez Pérez, presidente de la Cámara
de Cuentas; Pedro Ortiz Hernández, vicepresidente; Carlos Noé Tejada Díaz,
secretario del pleno y Félix Álvarez Rivera, miembro, quienes no acogieron la
petición de que se desestime la investigación que comprende las obras realizadas
por la constructora Odebrecht del periodo entre el 7 de marzo de 2002 y el 14
de abril de 2014.
“Indicamos
que cuando nos fue notificada la decisión adoptada por el pleno de la Cámara de
Cuentas, en torno al caso, advertimos que nuestra posición había sido
rechazada por el organismo; por lo que informamos al secretario general
auxiliar que la decisión no debe expresar que rechazaba nuestro voto disidente,
debido a que la facultad de aprobar o no una resolución del pleno de la Cámara
de Cuentas es parte de nuestras funciones y que nuestras funciones y que
nuestros pares no podían rechazar el voto disidente que habíamos ejercido en
virtud de las disposiciones del párrafo IV del artículo 55 de la Ley No.
107-13”, expresa Melenciano Corporán en una comunicación haciendo referencia a
la ley de procedimientos administrativos.
Corrigiendo
la decisión
Asegura
en el documento, con fecha del 1 de septiembre de este año, que el secretario
general auxiliar, Eduardo Luna Vilorio, procedió a subsanar el error,
corrigiendo la decisión.
Indica
en el documento que a pesar que el pleno de la Cámara de Cuentas, celebrado el
18 de agosto de 2020, conocía el informe de la investigación especial, el
informe legal y el proyecto de resolución, la decisión contenida en el acta de
referencia: PL-2020-017, constancia DEC 2020-113, la decisión fue sobre un
tema distinto al presentado a saber que “mediante la emisión de dos decisiones,
lo que resulta violatorio de la ley; una iba dirigida a mi voto disidente
DEC-2020-112, y la otra, DEC-2020-113, a la decisión de los demás miembros,
enviando el informe a la dirección de Auditoría”.
Melenciano
Corporán destaca en el documento que su voto “no iba contra la opinión legal,
iba contra el segundo informe presentado por la Dirección de Auditoria y, por
vía de consecuencia, contra los demás documentos relacionados al mismo”.
“La
mayoría de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas decidieron sobre un
tema que no fue deliberando ni votado, lo que constituye una violación
constitucional y legal del proceso, que afecta mi voto disidente, porque no iba
dirigido a la opinión legal, sino a la resolución que aprobaría el informe de
la investigación especial, que al final no fue decidido, procediendo a
remitir el asunto a la dirección de Auditoria. Estamos frente a una situación
irregular por lo que solicitamos al pleno de la Cámara de Cuentas de la
República que declare la nulidad de las decisiones sobre el conocimiento del
informe”, sostiene en la comunicación.
Dentro
de las obras que abarca esta investigación están la Carretera de Casabito,
Corredor Duarte I, Autopista del Coral, Circunvalación de La Romana, Carretera
El Río-Jarabacoa, Carretera Cibao-Sur, Carretera Bávaro-Miches, Corredor Duarte
II, Ecovía de Santiago, Boulevard Turístico del Este y Circunvalación San Pedro
de Macorís.
Hugo
Álvarez Pérez, presidente de la Cámara de Cuentas informó a principios de
mes, en una entrevista en un programa de televisión que para los trabajos de
campo en la investigación se asistieron de un auditor internacional experto
en obras de Odebrecht, el cual fue enviado por el Contralor General de la
República del Perú, Nelson Shack Yalta.
En
la misma entrevista indicó que esta investigación contó con el proceso
normal de auditoría que va de tres a cinco meses para su realización y tiene
un costo aproximado de 500 mil pesos.
SEPA
MÁS
Semanas de discussion
Álvarez
Pérez dijo que llevaban varias semanas discutiendo el informe porque habían
supuestos hallazgos civiles administrativos. “Es motivo de discusión en el
Pleno, ya tenemos varias semanas, porque hay supuestos hallazgos de carácter
civil administrativo e inclusive hay miembros del Pleno que consideran que hay
violaciones de carácter penal”. Fuente Listín Diario
0 Comentarios