Por Félix Betances.
Quizás, hablando en términos potenciales, la ley de hidrocarburos 112-000
no es mala, lo que se entiende indudablemente que es mala, es su aplicación ya
que esto responde a los mejores intereses de quienes tienen a su cargo la
responsabilidad de su manejo.
Es innegable que la aplicación de esta ley, ha sido utilizada con fines politiqueros,
apartándose en la mayoría de los casos, de lo que debe ser el equilibrio y la
equidad con que deben manejarse los asuntos de interés nacional, en respuesta
directa con los intereses del pueblo llano.
Es ineludible, el estudio de una nueva ley de hidrocarburos o por lo menos, una actualización que obligue al gobierno a transparentar todo lo concerniente a la fijación de los cargos y recargos, que siempre recaen en las costillas del pueblo, sin que este tenga ni siquiera la oportunidad de reclamar justicia al respecto.
Como si el pueblo fuera tan estúpido, les quieren hacer creer que los
combustibles son comprados semanalmente, mientras todos sabemos que no es así.
Las compras de los combustibles se realizan en partidas que no tiene que ser
necesariamente semanal y cuando se hacen, es con la condición de entrega a
futuro en más o menos tres meses, por lo que no se justifica el movimiento
semanal de sus precios.
Hay que recordar que cuando los precios bajaron al extremo al inicio de la
pandemia del COVID-19, las autoridades justificaron que no habían podido
realizar compra alguna, en razón de que los depósitos estaban llenos,
perjudicando doblemente al indefenso pueblo.
Las autoridades deben explicar al pueblo, por qué la variación de precios
semanales, si no se compra semanalmente.
Si el presidente Luís Abinader tal y como lo ha manifestado en varias
ocasiones, tiene real interés de realizar un gobierno con rostro humano y con transparencia,
debe poner mucha atención a un punto neurálgico como lo es el del manejo de los
precios de los susodichos combustibles; que como va la cosa; podrían quemar a
cualquiera.
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