La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso reafirmó este lunes la decisión del Ministerio Público de evitar que se beneficien de “privilegios irritantes” los militares y policías implicados en casos de corrupción.
De acuerdo con un comunicado de prensa, Reynoso habló sobre la prisión preventiva como medida de coerción contra los militares involucrados en el caso Coral y acusados por el Ministerio Público de sustraer del erario millones de pesos.
“Es una solicitud que la magistrada acogió conforme a derecho”, dijo Reynoso, al referirse al envío de los procesados, encabezados por el mayor general Adán Cáceres Silvestre, al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
“La Constitución dominicana no establece que los militares y los policías deben cumplir la medida privativa de libertad en un centro especial”, sostuvo, al responder a los periodistas que preguntaron si los procesados debían ir a un recinto carcelario militar o policial, como el Comando de Operaciones Especiales.
“Si buscamos jurisprudencias y doctrinas comparadas no es posible que haya un privilegio en función de que sean policías o militares. Sí tienen derecho a que se tomen medidas sobre su seguridad”, indicó la titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Wilson Camacho, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), llamó la atención sobre el hecho de que la estructura de corrupción sustrajo fondos públicos que “debieron ser utilizados para mejorar la suerte de los hombres y mujeres que pertenecen a la Policía Nacional y el Ejército”.
“Ese es un hecho grave en este caso y son cosas de las que el Ministerio Público pretende que con el procesamiento que estamos realizando de estos hechos de corrupción se corrijan con relación al futuro”, añadió Camacho.
El titular de la Pepca aseguró que el Ministerio Público sigue trabajando para desmontar completamente la estructura de corrupción enfrentada con la Operación Coral.
La jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, otorgó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción al mayor general Adán Cáceres Silvestre, así como a los imputados Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora) y al cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa.
También, al coronel policial Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En el caso de la pastora deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres. Los involucrados en el caso, estableció la jueza, presentan peligro de fuga, así como, de trasiego y manejo de información.
En cuanto al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, guardará la medida de arresto domiciliario en una ubicación que el Ministerio Público tendrá conocimiento bajo estricta confidencialidad.
La medida cautelar será revisada el 10 de agosto de este 2021, conforme al marco jurídico dominicano. Fuente DiarioLibre
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