Santo Domingo, RD
Intentar impedir que reclusos dirijan actos de asesinatos, trafiquen drogas, ordenen secuestros, planifiquen fugas y extorsionen a los ciudadanos desde la “comodidad” de sus celdas sólo utilizando sus teléfonos celulares ha sido una constante para las autoridades del país. O al menos así ha sido en sus discursos.
Y puede que la palabra “éxito” no defina las propuestas que se han planteado, ya que la mayoría ha chocado de frente con problemas que han atacado por años al sistema carcelario dominicano: sabotajes, fallas eléctricas, descontrol y falta de presupuesto.
Para erradicar el problema, autoridades de distintas gestiones han propuesto instalar bloqueadores de señales telefónicas y prohibir el uso de celulares en los centros penitenciarios, pero no prosperaron.
En el expediente de solicitud de medida de coerción contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y demás implicados en la “Operación Medusa”, el Ministerio Público señala que en la actualidad ninguna cárcel del país cuenta con bloqueadores de señales telefónicas.
El pasado 24 de noviembre la Dirección General de Prisiones emitió una comunicación en la que certificó que “no tienen ningún Centro de Privación de Libertad (CPL), con equipos bloqueadores de señales de servicios telefónicos celulares”.
Esto a pesar de las numerosas denuncias por parte de ciudadanos que aseguran haber recibido llamadas y mensajes de texto por parte de reos que buscan robarles sus pertenencias, amenazarlos y/o extorsionarlos.
No han sido uno ni dos los intentos de las autoridades para ponerle fin a las llamadas ilícitas desde y para las cárceles. Es un asunto que lleva más de una década y todavía nada.
Perros que detectan celulares
El 12 de septiembre de 2011 el exprocurador general, Radhamés Jiménez Peña, garantizó que el país iba a adquirir perros amaestrados en detección de celulares mediante un convenio con la Embajada de Estados Unidos.
Según Peña, los caninos iban a evitar la entrada y uso con fines delictivos de aparatos móviles en las prisiones dominicanas.
Pero los perros estadounidenses no eran todo, el exprocurador también incluyó en su propuesta la instalación de inhibidores de señal para celulares, la incautación de parábolas y eliminar los servicios de internet de las cárceles.
Esta iniciativa no fue fortuita: dos días antes el entonces presidente de la República, Leonel Fernández, ordenó el bloqueo de señales telefónicas provenientes de los centros penitenciarios del país durante un panel por la seguridad ciudadana realizado en Santiago
Luego, el 28 de septiembre del mismo año, el exmandatario emitió el decreto 564-11 mediante el cual declaró de emergencia la adquisición de equipos de alta tecnología para evitar que los reos tuvieran acceso a llamadas telefónicas desde las cárceles por razones de “seguridad nacional”.
Fernández comisionó al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) para gestionar la adquisición e instalación de los equipos inhibidores de señal, e instruyó a la institución para que determinara los criterios y procedimientos usados por las empresas de telecomunicaciones para suspender sus servicios utilizados por los reclusos.
La disposición del entonces presidente también requirió de la colaboración de las empresas telefónicas para minimizar el nivel de potencia de sus señales en las penitenciarías, esto cuando fuera técnicamente posible.
El “bloqueo” de Domínguez Brito
El primer intento que se llevó a la práctica para colocar un sistema inhibidor de señales telefónicas móviles en las cárceles se le atribuye al exprocurador de la República, Francisco Domínguez Brito, quien en 2014 presentó su plan ante la población con un costo estimado de RD$100 millones.
El proyecto de prueba inició en la cárcel del 15 de Azua en la que se instalaron 10 bloqueadores, cada uno en un punto estratégico del recinto, a un precio que rondaba entre los RD$1.5 millones y los RD$1.8 millones.
El exfuncionario previó que cuando contaran con los recursos suficientes este plan se extendería en cuatro recintos carcelarios del país, entre los cuales estaban Najayo, en San Cristóbal, y La Victoria, en Santo Domingo Norte, como las dos prioridades.
“Paulatinamente se unirán otros centros porque la institución carece de recursos para que se instale de manera simultánea a nivel nacional, lo que implicaría una inversión superior a los RD$100 millones, con unos 30 centros operando bajo ese sistema”, señaló.
En ese momento Domínguez Brito indicó que el monto necesario para desarrollar totalmente el proyecto era “inalcanzable” para ejecutarse con el presupuesto del Ministerio Público.
HM Consulting, la empresa que puso en marcha el plan piloto en la cárcel de Azua, identificó 10 puntos de colocación de bloqueadores cancelando por completo el funcionamiento de los teléfonos móviles en un perímetro aproximado de 40 metros.
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/11/678844/bloquear-las-senales-en-las-carceles-mil-intentos-de-un-plan-que-nunca-funciono
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