Después de pasar 31 años como maestro y director docente, a sus 67 años de edad Gregorio Corporán está pensionado con RD$16,500. “En nómina”, aclara, pues con los descuentos por el seguro médico y préstamo, le queda poco más de RD$4,000. Él es uno de los profesores retirados del sector público que se han convertido en activistas y que desde hace más de tres años exigen al Gobierno un ajuste de sus salarios, que son pagados con cuantiosos fondos provenientes del 4 % del PIB para la educación.
La Unión Nacional de Maestros Pensionados y Jubilados (Unamapej) reclama que se lleve al menos hasta RD$30,000 las pensiones de maestros como Corporán. También, que se indexe en 20 % el monto que reciben miles de docentes retirados, con base en una ley vigente desde 2008, que manda a revisar sus sueldos cada tres años para ajustarlos a la inflación, pero que nunca se ha hecho de forma sistemática. Para ser más contundente, el gremio buscó el apoyo del Defensor del Pueblo, que inició una acción de amparo el pasado viernes (ver página 14) .
A pesar de que a los docentes les descuentan hasta el 4 % de su salario para el fondo de pensiones y el Ministerio de Educación (Minerd) aporta hasta el 8 % de cada sueldo, la respuesta del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima) es que no hay dinero para aumentarles.
La razón es que gran parte de las pensiones proviene del presupuesto del Minerd, ya que el patrimonio que se nutre de los aportes está siendo capitalizado. De acuerdo al reglamento del Inabima, durante 15 años el Estado asumirá el pago de las pensiones y jubilaciones, y el Inabima cubrirá las pensiones de sobrevivencia. En una segunda etapa, de 15 años también, el pago será compartido entre ambos, pero el Inabima aportará un máximo de 10 %.
Un estudio de Acción Empresarial por la Educación (Educa) advirtió en 2019 que el Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio “no es financieramente sostenible en el corto, mediano o largo plazo”, debido a que “no se cumple el requerimiento básico de un sistema de reparto: las contribuciones de los docentes activos no alcanzan para pagar los beneficios adquiridos por los docentes que se retiran”.
Observa que, si se mantiene la tendencia de incrementos salariales actuales y del número de docentes hasta 2030, el fondo de retiro no podrá hacer frente al pago de prestaciones más allá del 2045. Y, llegado 2038, cuando finaliza el periodo transitorio dispuesto por el reglamento, el Minerd estaría destinando el 16 % de su presupuesto al pago de prestaciones y contribuciones previsionales.
Al 2020, el Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones del Inabima tenía 21,516 maestros jubilados y pensionados por discapacidad, que representaban un monto mensual de RD$809.3 millones, según reporta la entidad en su memoria institucional. Los maestros retirados se dividen en grupos: los que lo hicieron a través del Ministerio de Hacienda en virtud de una ley de 1981 (que a septiembre de 2020 eran 11,203), los que lo hicieron dentro del programa especial regido por una ley de 2008 y los que en el ínterin fueron afiliados a administradoras de fondos de pensiones (AFP) regulares
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