En octubre del año pasado, a raíz del caso de Yocairi Amarante, decenas de víctimas de agresión con ácido se concentraron frente al Congreso Nacional para exigir endurecimiento de las penas para los que comenten estos hechos, pero la manifestación no surtió los efectos esperados.
De acuerdo con abogados consultados, el Código Penal actual no tipifica el ataque con ácido del diablo como tal, y para poder procesar a los criminales el Ministerio Público basa sus imputaciones en los delitos de actos de tortura o barbarie, violencia contra la mujer, además de heridas y golpes voluntarios, delitos previstos y sancionados en los artículos 265, 266, 303, 303-4 numerales 7 y 10, 309 y 309-1 del Código Penal Dominicano.
Con estas tipificaciones, la pena que se impone a los condenados por estos crímenes es de 20 años, lo que podría cambiar de aprobarse el nuevo Código Penal, que contempla “el concurso de infracciones y penas aplicables”, o sea, se sumaría la sanción de cada delito, con la salvedad que la pena no puede pasar de los 60 años.
El proyecto de Código Penal establece expresamente que: “Cuando una persona perseguida es encontrada culpable de varias infracciones en concurso real, con ocasión de un mismo proceso, se le impondrá cada una de las penas aplicables a estas”.
En el 2010 Pro Consumidor emitió la resolución 104-10 que establece que está prohibida la venta de destapadores de tuberías, cuyo ingrediente activo sean productos ácidos inorgánicos como el sulfúrico u otro corrosivo que son utilizados para fabricar ácido del diablo. La institución en ese entonces autorizó de manera exclusiva a las empresas industriales para hacer uso del químico.
Sin embargo, los casos siguen ocurriendo. Una víctima reciente de este crimen es Yanely Arias, la joven atacada la mañana del pasado viernes en su residencia de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, en momentos en que se levantaba y recibió el llamado de alguien que se hacía pasar por repartidor del flores para cometer acto criminal.
En junio de este año también se publicó en los medios el caso de Gabriela Mordan Suriel, una mujer que fue atacada en Santo Domingo Oeste. Su expareja está en prisión por haber ordenado el acto criminal, sin embargo, quienes lo materializaron siguen prófugos.
Las personas que han resultado afectadas por ataques con ácido del diablo son estigmatizadas por la sociedad debido a las secuelas que dejan en su cuerpo las quemaduras causadas por la letal sustancia. Además, deben incurrir con altos gastos médicos que son difíciles de costear, ya que constantemente deben someterse a cirugías reconstructivas que los seguros de salud no cubren por considerarlas estéticas.
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