Recientemente el matutino Listín Diario reseñó en su portada el titular “Haitianos intentan entrar en masa al país”, destacando así lo grave que se torna la situación con el discurrir de los días. De conformidad con la referida información, “algunos haitianos, tras ser apresados en los operativos, han intentado agredir a los militares”. Este es el único país en el que los nacionales haitianos se resisten a ser deportados, llegando incluso al extremo de agredir a las autoridades.
Se trata de una situación que evidencia gravedad, puesto que la única razón que existe para que los extranjeros se resistan a asumir los mandatos de nuestras leyes migratorias, es porque se creen con derecho sobre nuestro territorio. En efecto, el único país en el que los haitianos se dan el lujo de desafiar abiertamente a las autoridades, es en la República Dominicana. Razones históricas y sociológicas han incubado en la psiquis de ese conglomerado la falsa creencia de que “la isla es una e indivisible” y que, además, debe ser regida por ellos. Este aspecto ha sido un factor determinante para acrecentar el odio e ingratitud de gran parte de esa población hacia los dominicanos.
En consecuencia, la anunciada repatriación de siete mil doscientos ochenta y cinco haitianos (7,285) en treinta y dos (32) días es una cifra estadística insignificante, si tomamos en consideración la inmensa cantidad que habita y penetra diariamente, sin control alguno, en nuestro territorio. El Estado dominicano está conminado a continuar con las repatriaciones de indocumentados, aunque más importante todavía es controlar el acceso de los mismos en las zonas fronterizas.
Todos los dominicanos, al margen de simpatías políticas, debemos apoyar el esfuerzo del Gobierno a fin de exigir visado a todos los que pretendan pisar suelo dominicano. Igualmente se debe evitar que las parturientas haitianas continúen gastando el presupuesto de salud que con tanto esfuerzo costea el pueblo dominicano.
Si se aplicara el Acuerdo Dominico-Haitiano, suscrito en Washington en 1938, esta invasión pacífica e ininterrumpida no se estuviese produciendo. Su inaplicación ha propiciado el desorden migratorio que amenaza a la nación, hasta el extremo de que el referido acuerdo no fue tomado como referencia al aprobarse la Ley No. 285/04, del 15 de agosto de 2004, la cual se fundamentó en un cuestionable Protocolo de Entendimiento Sobre los Mecanismos de Repatriación suscrito en 1999.
Este último protocolo, que ha servido como instrumento para inhabilitar el Acuerdo de Washington de 1938, genera dudas sobre su legitimidad frente a un acuerdo binacional.
Se desconoce si ese protocolo fue debidamente aprobado por el Congreso, así como si los representantes de ambos países que lo firmaron tenían poderes para abordar esos temas tan sensitivos. Sobre la base de este ilegitimo protocolo se ha pretendido impedir a la República Dominicana la deportación de ilegales haitianos que establecen los numerales 1,2 y 3 del artículo 10 del Acuerdo de Washington de 1938.
Por consiguiente, al margen de la legalidad del indicado protocolo, no existe ninguna justificación para que los poderes y órganos del Estado se apoyen en ese documento para elaborar el reglamento de la Ley No. 285/04. Se trata simplemente de un acto de deslealtad y traición a la nación dominicana.
Tampoco se justifica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al examinar los casos de repatriaciones ilegales, haya preferido apoyar sus absurdas decisiones en el protocolo de entendimiento de 1999, ignorando así el Acuerdo de Washington de 1938. Todo este entramado de abusos y arbitrariedades hace suponer una conspiración internacional contra nuestro país.
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