El exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa fue condenado este jueves a 5 años de cárcel y el empresario Ángel Rondón a 8 años, por su implicación en el caso de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht.
Díaz Rúa fue hallado culpable de lavado de activos, mientras que Rondón fue encontrado culpable de lavado y por el pago de sobornos.
Ambos imputados también fueron condenados por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a pagar sendas multas equivalentes a 200 salarios mínimos.
Además, se ordenó del decomiso de dos empresas de Rondón, así como de numerosos bienes de Díaz Rúa, entre ellos sendos inmuebles en La Romana y Santo Domingo, tres empresas, un yate y cinco cuentas bancarias.
Los otros cuatro imputados fueron absueltos de todos los cargos, entre ellos el expresidente del Senado Andrés Bautista, los exsenadores Tommy Galán y Roberto Rodríguez y el abogado Conrado Pittaluga.
Tanto Díaz Rúa como Rondón podrán apelar el fallo del tribunal en libertad, ya que no consideró que exista riesgo de fuga.
Las tres juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional no llegaron a analizar las acusaciones de soborno en relación a varias de las obras públicas que constaban en la acusación, debido a que los delitos ya habían prescrito antes de abrirse la investigación.
El caso Odebrecht investigó el pago de sobornos por parte de la constructora brasileña para adjudicarse obras públicas en República Dominicana y para conseguir la aprobación parlamentaria de la correspondiente financiación de esos proyectos.
La empresa admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2014, en un acuerdo firmado con la Justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza, en el que admitió haber hecho pagos millonarios ilegales en doce países de América Latina y África.
La constructora firmó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía dominicana y se comprometió a pagar al Estado 184 millones de dólares, el doble de lo distribuido en sobornos en el país.
El caso Odebrecht es la investigación de corrupción más importante juzgada en el país, y cuando se destapó en 2017 fue el detonante de una serie de manifestaciones multitudinarias contra la corrupción y contra la impunidad.
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