La disposición, contenida en un decreto, se dirige en especial a las instituciones encargadas de programas de alimentación humana, al alivio de la pobreza o a la protección de mujeres, personas con discapacidad, envejecientes, niños, niñas y adolescentes, en particular en áreas rurales deprimidas y en la zona fronteriza.
Entre las 19 instituciones citadas en el decreto, se incluyen el Plan de Asistencia Social de la Presidencia, el Programa Progresando con Solidaridad (Prosoli), los Comedores Económicos del Estado (CEE), el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre).
También la Policía Nacional y los ministerios de Defensa, de Educación y de Vivienda, además del Servicio Nacional de Salud (SNS).
Además, instituciones dedicadas a la atención de la Primera Infancia (Inaipi), la Niñez y Adolescencia (Conani) y Envejecientes (Conape), así como el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese-Cal).
Las otras instituciones citadas en el decreto son las comisiones presidenciales de apoyo al Desarrollo Barrial y Provincial, la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) y el Instituto de Auxilios y Viviendas (Inavi).
La disposición se aplicará siempre que existan mipymes en el mercado que demuestren tener capacidad para suministrar los bienes que estas instituciones necesiten adquirir.
En un comunicado, la Presidencia aseguró que esta disposición busca contribuir al desarrollo económico del país y a la generación de empleos.
0 Comentarios