Las fuentes del informe son antiguas autoridades afganas, fuerzas de seguridad y personal militar, y son consideradas como de confianza por los investigadores de Naciones Unidas. El documento está ahora en manos del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Concretamente, dos terceras partes de las ejecuciones habrían sido cometidas presuntamente por los talibán o por grupos aliados al antiguo movimiento insurgentes. La filial de Estado Islámico, Provincia del Jorasán, habría sido responsable de las ejecuciones de al menos medio centenar de antiguos funcionarios.
DENUNCIA ASESINATOS DE CIVILES Y PERIODISTAS Y VIOLACIONES DH
De igual modo, el informe detalla prácticas de «ataques, intimidaciones, acoso, detenciones arbitrarias y otras formas de maltrato» contra activistas pro Derechos Humanos y periodistas del país, y denucia los asesinatos de al menos ocho miembros de organizaciones civiles afganas y dos empleados de medios de comunicación, bien a manos de los talibán, de los yihadistas o de grupos afines.
RECHAZAN LLAMADO A DIÁLOGO
El secretario general de la ONU ha pedido a los talibán que emprendan un diálogo constructivo para facilitar la llegada de ayuda económica a un país absolutamente devastado tras 20 años de conflicto, y ha propuesto una reestructuración de la presencia de Naciones Unidas en Afganistán para coordinar por un lado el desarrollo político del país y por otro la recepción de asistencia humanitaria.
Los talibán, por contra, afirman que esta clase de peticiones internacionales, como los llamamientos para la formación de un Gobierno inclusivo en Afganistán, no son más que «una excusa» para no reconocer a las autoridades instauradas en el país en agosto de 2021.
El ministro de Exteriores afgano, Amir Jan Mutaqqi, declaró este viernes la cadena de televisión afgana Tolo TV que la comunidad internacional «no tiene una definición de lo que es un gobierno inclusivo ni hay un ejemplo». «Son sólo excusas», ha manifestado.
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