La pieza que ahora va al Poder Ejecutivo, ya había pasado por la Cámara de Diputados de forma exitosa.
El contrato suscrito por el Poder Ejecutivo en fecha 16 de marzo del 2021 con la Corporación Andina de Fomento (CAF), establece que el Gobierno puede usar el dinero prestado en “cualesquiera de las apropiaciones presupuestales del prestatario consignada como gasto en el Presupuesto General del Estado”, con la salvedad de que sean específicamente para los impactos generados por la pandemia del COVID-19.
El préstamo tendrá un plazo de pago de 15 años, incluyendo un período de gracia de 72 meses, que comenzará a contar a partir de la fecha de entrada en vigencia.
El empréstito será ejecutado por el Ministerio de Hacienda y la amortización se efectuará mediante el pago de 19 cuotas semestrales, consecutivas, y en lo posible iguales, indica el acuerdo.
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