El proyecto aprobado por el Consejo Nacional de Alianzas Público Privadas de una iniciativa privada para la implementación del Programa Nacional de Inspección Técnica Vehicular propone distribuir los ingresos que se captarían en 90 % para el agente privado y el restante 10 % de canon para el Estado.
Para el inicio de las operaciones, propuesto para 2024, se establece el valor unitario de la tarifa para la primera inspección vehicular en RD$1,633.81 (equivalentes a US$25) y para la segunda RD$816.90 (US$12.50), de acuerdo al informe de evaluación de la iniciativa, elaborado por la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP), y que incluye sugerencias de las autoridades.
El Consejo Nacional de Alianzas Público Privadas, mediante la Resolución 01-2022, del 13 de enero del presente año, declaró de interés público la iniciativa privada, para la puesta en funcionamiento de una red de centros para inspeccionar que los vehículos transiten en condiciones adecuadas.
Al 2020, el parque vehicular del país ascendía a 4,842,367 unidades, siendo el 55.6 % motocicletas.
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El proponente privado Consorcio Inteve, representado por la sociedad Castillo Holding Company, sugiere la construcción de 56 Centros de Inspección Técnico Vehicular (CITV). Habría una capacidad de 170 inspecciones al día, con turnos regulados con cita previa.
Además, se proponen ocho Unidades Móviles de Inspección para las localidades donde no se justifique un CITV. El plazo estimado para construir el proyecto son 24 meses y este tendría un periodo contractual de 15 años.
Para evitar un monopolio en el proyecto, su estructura se dividió en dos lotes por regiones, por lo que se contemplan dos modelos financieros. El Lote 1 lo componen el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Santiago Oeste y otras provincias del sur y noroeste. El Lote 2 lo integran Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santiago Este y otros provincias del este y noreste.
En ambos lotes, la recuperación del capital del inversionista privado se estima en seis años, con base en características específicas. En tanto que los ingresos del Estado serían de US$3.03 millones al año en el Lote 1, y en el Lote 2 recibiría, en promedio, US$2.03 millones. En ambos no se generarían costos para la instituciones públicas involucradas.
A partir de la declaratoria de interés público, la DGAPP deberá coordinar con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para elaborar el pliego de condiciones, el borrador del contrato tipo alianza público-privada y toda la documentación necesaria. La proponente debe presentar estudios de factibilidad.
La ley obliga la inspección
Sanción implica multa
La Ley 63-17 establece la obligación de someter a revisión técnica anual a todos los vehículos de motor, con una antigüedad superior a tres años, y autoriza al Intrant para conceder la licencia de operación a personas físicas o jurídicas que tengan la capacidad de realizar las inspecciones técnico vehicular, de conformidad con las normas. La ley indica que serán multados los conductores que no hagan la inspección.
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