El martes 10 de diciembre de 2019 se realizó la última Asamblea Plenaria del Pacto Nacional por la Reforma Educativa, reunión que estuvo presidida por Monseñor Agripino Núñez Collado, quien era presidente del Consejo Económico y Social (CES).
Luego de este encuentro que fue realizado en la Universidad Católica Tecnológica del Cibao (Ucateci), en la Vega, no se han realizado más reuniones para monitorear y dar seguimiento a los acuerdos y compromisos asumidos en este pacto y que están “orientados a alcanzar una educación que permita a todas y todos los dominicanos desarrollar al máximo su potencial como personas y como integrantes de un colectivo social que reconocen y al que se integran con libertad para vivir en igualdad de oportunidades”.
El 31 de julio de 2020 se produjo una consulta virtual sobre la apertura del año escolar 2020-2021, donde los miembros de la Comisión Ejecutiva sostuvieron una reunión de cortesía vía Zoom con Roberto Fulcar, Ministro de Educación, designado por el presidente Luis Abinader, en la cual se abordó el tema de las clases en medio de la pandemia del COVID-19 y del Estado de Emergencia declarado por el Poder Ejecutivo.
No se registran reuniones de ninguna de los comités creados para articular políticas educativas, debido a la pandemia de COVID-19 y en el 2021 con el cambio de gobierno hubo un cambio en la dirección del Consejo Económico y Social (CES), que asumió Rafael Toribio, en sustitución de Núñez Collado.
El 30 de septiembre se produjo una reunión del CES, en la que Iraima Capriles, su directora ejecutiva, informó que el tema de la calidad educativa se discutiría en la asamblea plenaria del Pacto Educativo conjuntamente con la Comisión de Veeduría Social del Pacto Nacional para la reforma educativa.
Sin embargo, hasta la fecha no se ha producido una convocatoria a las entidades oficiales, del sector privado, ni las vinculadas con el sector educativo para continuar con los planes y proyectos.
Solo el Comité de Veeduría Social para el Pacto Educativo, realizó una reunión virtual el 26 de mayo de 2021 para tratar sobre los compromisos a su cargo dentro del Pacto Educativo e intercambiar ideas sobre los posibles cursos de acción a seguir para su reactivación.
Ante los cuestionamientos que los procesos de reformas estarían en un limbo, Rafael Toribio, informó que sería en enero del 2022 cuando se iniciarían seis de las 12 mesas temáticas de trabajo, de cara al diálogo de las reformas institucionales planteadas por el Gobierno. Se está a la espera de la convocatoria.
Antecedentes del Pacto
El Pacto por la Reforma Educativa fue el resultado de un proceso que incluyó consultas y discusiones hasta que se logró concretar y firmar compromisos que asumieron el Estado, la comunidad educativa y otras instancias de la sociedad civil con capacidad para incidir en la mejoría del sistema educativo.
El 13 de agosto de 2013 se emitió el Decreto 228-13, mediante el cual se convocaba al Consejo Económico y Social para que el conjunto con las instancias del gobierno competentes, organizaran el espacio para la discusión de un Pacto Nacional para la Reforma Educativa.
El pacto como tal se hizo público y se firmó el primero de abril de 2014 y fue suscrito por el presidente Danilo Medina Sánchez, la vicepresidenta Margarita Cedeño, la primera dama Cándida Montilla de Medina, los líderes de los partidos políticos y actores del sistema educativo dominicano.
Los compromisos que asumidos por los firmantes de dicho Pacto están orientados a democratizar el acceso de la población a una educación de calidad desde el nivel preuniversitario al superior, incluyendo la educación técnico profesional; a garantizar la calidad y pertinencia del aprendizaje en todos los niveles del saber; a dignificar la carrera docente; a instaurar un sistema de evaluación de la calidad de la enseñanza; a garantizar la modernización de nuestro sistema de instrucción pública; y adecuar el financiamiento y movilización de recursos para la educación en todos sus niveles y grados.
El documento que suscribieron también los partidos políticos del sistema plantea que las políticas educativas deben constituirse en políticas de Estado, por lo que este Pacto tendrá plena vigencia hasta el año 2030, sin importar las variaciones o cambios políticos que pudieran producirse en este lapso de tiempo.
“Se entiende que los cambios y ajustes que deban introducirse a lo pactado deberán ser realizados mediante un proceso plural, colectivo y de amplia participación como el que sustenta el presente Pacto, a fin de garantizar su legitimidad”, consigna el Pacto.
0 Comentarios