La búsqueda de soluciones a problemas sociales que tengan como epicentro a la vivienda tendrá que ir siempre más allá de proveer papeles que certifiquen derechos de propiedad para guarecerse.
Muy frecuentemente se puede «reinar» como dueño en contextos de inseguridad para alimentarse y protegerse de inclemencias climáticas, en amontonamientos vecinales insalubres atravesados por callejuelas derruidas y escarpadas y bajo asechanza de la delincuencia.
Destacar que en el país se carece de un millón y medio de casas para alojar familias en condiciones favorables remite a la preocupación de que las fórmulas que se aplican para superar carencias no llevan al avance de realizaciones que ameritan ciudades como Santo Domingo y Santiago, entre otras, con notable presencia de suburbios de «alta tasa de pobreza general» y extrema y en bolsones de marginación dentro de sus límites y hasta en cercanías a los afamados y lustrosos «polígonos centrales».
Desde más de una altura urbana, incluyendo las torres residenciales próximas a bordes citadinos y barriadas deprimidas, se podrían ver hasta donde la vista alcanza extensiones territoriales congestionadas por moradas precarias, colocadas sin orden, o en exceso de densidad poblacional, levantadas con materiales inapropiados al margen de normas y sin reservar trechos para la fluidez vial.
«Foro Ciudadano» y su Ciudad Alternativa, perteneciente al concierto de entidades que a nivel mundial detectan crisis de asentamientos humanos para proponer soluciones, critican que el presidente Luis Abinader inaugurara su mandato prometiendo la entrega en el cuatrienio de 300 mil títulos de propiedad a familias marginadas, tratándose de una meta inalcanzable al ritmo que lleva lo anunciado con bombos y platillos.
La organización defensora del derecho a habitar lugares de manera apropiada y en armonía con entornos, descarta que tras haber entregado solo 25,175 de tales documentos en su primer año y medio, la actual gestión pueda llegar siquiera a una cuarta parte de lo proyectado.
Extraña «prioridad»
La estrategia en pie -a juicio de Ciudad Alternativa – descansa demasiado en el crédito hipotecario y en los subsidios para «bancarizar» la construcción de casas como si «el objetivo fuera fortalecer el sector financiero y no cumplir con el derecho a la vivienda».
Menos si quienes abundan en República Dominicana son habitantes integrados al menos en 900 mil familias con ingresos mensuales menores a tres mil pesos que las incapacita radicalmente para convertirse en beneficiarias de créditos formales.
En su reciente diagnóstico a las ejecutorias oficiales para mejorar la calidad de vida de los dominicanos desde sus propios hábitats, la ONG recordó que al ascender el gobernante se comprometió a desarrollar un plan de reparación y construcción de viviendas y en el lapso de unos doce meses «apenas se reportaron 35 viviendas nuevas y 38 mejoradas»
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