El empresariado se aferra a la posición de que los desahucios son, por su magnitud actual y falta de topes razonables, contrarios a la estabilidad financiera de los negocios y van contra la conveniencia de conducir a la población trabajadora hacia el ámbito formal de la economía en la que teóricamente disfrutaría del amparo de ley que más le convendría.
Las cúpulas sindicales, en un país de exigua adhesión de la mano de obra a la agremiación, han sostenido a una sola voz que jamás permitirían la eliminación del pago de auxilio por despidos, incluyendo en su rechazo la posibilidad de consentir que un seguro de desempleo emerja como sucedáneo a las conquistas establecidas.
Se trataría de un mecanismo a ser alimentado con las cotizaciones de los potenciales beneficiarios que además probablemente llevaría al fisco y a los empleadores a participar en el financiamiento, esquema parecido al de los fondos de pensiones que no garantizan todavía retornos aceptables para quienes lleguen a edad de retiro y siendo visibles las limitaciones de las coberturas de salud que afectan de la peor manera a quienes salen de la vida productiva.
Las aseguradoras no quieren afiliados con decadencias físicas y enfermiza ancianidad.
El Huevo y la Piedra
No se vislumbra una salida intermedia y salomónica aunque los empleadores han acudido al dialogo tripartito con aspiraciones de tomar en cuenta modelos y experiencias de otros países para reemplazar la pura y simple cesantía ya que en el marco de los derechos laborales la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es partidaria de que para las relaciones obrero-patronales siempre haya espacio para la transacción
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