Aunque legalmente no está permitido, abundan las quejas de que hay empresas que abierta y expresamente discriminan a los mayores de 35 años al momento de ofrecer nuevos empleos.
Y no es descartable que también impere un sesgo de discriminación hacia otras personas por razones distintas a las esencialmente vinculadas con la edad.
Este es un problema que se está verificando en la sociedad moderna, sometida a un dinámico proceso de cambios o relevos en los paradigmas del trabajo, de la producción, de la formación educativa y profesional, a causa de la automatización de muchas actividades productivas.
En la medida en que esta tendencia se generaliza, el gran riesgo es que un amplio segmento etario, por ejemplo, de personas de 40 años en adelante, quede marginado de las oportunidades del empleo y la seguridad social.
Empujaría a la informalidad a los que, aptos y competentes y sobre todo con experiencia acumulada, se topen con puertas cerradas o escasas facilidades para seguir insertados en el mundo laboral.
Y esto daría lugar a una ruptura en las formas y moldes de vida, de producción y de interacción social, para lo cual todavía no estamos preparados.
En el caso dominicano, hasta el momento, el mayor número de empleados (32.07 por ciento) tienen edades entre los 18 y 30 años, y una masa menor (13.4 por ciento) la forman personas con más de 55 años.
El criterio que subyace en las políticas discriminatorias por razones de edad es el de preferir jóvenes con competencias o destrezas en el uso de herramientas tecnológicas, como decir, recursos frescos, lo cual parecería compatible con las estrategias de las empresas hacia la modernidad.
Pero ninguna transformación que altere el perfil antropológico de esta sociedad puede hacerse al margen de una política de desarrollo humano y socioeconómico que abarque y beneficie a todos, sin exclusiones.
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