El vocero de los senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Franklin Romero, negó ayer viernes que el Gobierno pretenda proteger al presidente de la Cámara de Cuentas como dijo el senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Iván Lorenzo.
Negó que desde el Gobierno se propongan encubrir a los miembros de ese órgano fiscalizador. Dijo que, por el contrario, el presidente Abinader es el primero que está en disposición de someter a cualquier funcionario o quien ostente alguna función pública y cometa irregularidades.
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Lo que sucede es que si existe algún caso que se esté investigando, nosotros como Senado, lo que queremos es que se guarde el debido proceso, tal cual lo manda la Constitución Dominicana”, precisó.“Y con relación a la resolución que sometió el colega, quedó sobre la mesa, porque si se busca interpelar solo hay que ir a la Carta Magna. Porque si el Ministerio Público hace alguna acusación y luego la Cámara de Diputados inicia un juicio político, los que están conminados a iniciarlo son los diputados y nosotros los senadores actuamos como jueces, tal cual lo expresa la Constitución de la República, en su artículo número 80”, expuso.
Recordó que los peledeístas buscan de cualquier forma venganza poniendo por ejemplo lo que pasó en el año 2008, cuando los miembros de la Cámara de Cuentas, durante el gobierno del PLD, fueron acusados de cometer “faltas graves en el ejercicio de sus funciones”, viéndose estos precisados a renunciar, para evitar la consumación del proceso”.
Por tal acción, el vocero Romero cree la oposición busca desquitarse por esa causa.
Reiteró que en República Dominicana, el juicio político se trata de un proceso caracterizado por su naturaleza cuasi judicial, donde la Cámara de Diputados juega el papel acusatorio de fiscal, mientras el Senado actúa como juez que juzga y finalmente decide: “Óigase bien: el Senado actúa como juez que juzga y finalmente decide”.
El legislador desconoce si esos miembros de la Cámara de Cuentas son culpables o no de realizar actos que deshonran su posición, pero señaló que la propia ley expresa que la Cámara de Diputados debe, antes de proceder a un proceso acusatorio someter la sentencia de acusación a un estudio pormenorizado con la finalidad de establecer si se evidencia el alegado desacato.
Consideró que, permitir una resolución para someter primero ante la Cámara Alta a un funcionario, sin pasar por el órgano fiscal, mientras que la Cámara de Diputados estaría desconociendo el orden democrático del debido proceso y de la independencia de los poderes.
Reiteró que tal acusación solo puede ser conocida por el Senado de la República: “Solo después de ser conocida en la Cámara de Diputados, tal y como ordena la Constitución”.
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