El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, consideró que el ministerio público debe tener cuidado con solicitudes como aquella de resumir la lectura de la acusación a imputados a los que se les ventilas procesos judiciales, porque hay que preservar el derecho de los acusados.
Cámara de Cuentas
El fracaso de la actual Cámara de Cuentas ha quedado en un limbo en un aparente acuerdo entre los partidos políticos, afirmó Castaños, quien consideró que ello debe servir de lección al país para escoger personas con experiencia de Estado.
“Una Cámara de Cuentas, un Tribunal Constitucional, una Suprema Corte de Justicia, no son órganos que se puedan parecer a quienes integran el Congreso Nacional”, apuntó el jurista.
Sobre las auditorías de la Contraloría General de la República, Castaños dijo que sus resultados han indicado que hay casos “no subsanables” que debieron ser enviadas al ministerio público.
Consideró un avance importante que la Contraloría haya publicado las auditorías, y que el presidente Luis Abinader lo ordenara, no obstante indicó que las correcciones a comportamientos improcedentes no solo funcionan desde el ministerio público, si también desde el Poder Ejecutivo, “con amonestaciones y destituciones”.
Proceso electoral
Castaños manifestó que la Junta Central Electoral (JCE) está haciendo un gran trabajo para organizar las elecciones, pero tiene limitaciones por los vacíos legales que dejaron la Ley Electoral y la Ley de Partidos.
Expresó que ambas leyes dan ventajas de campaña para los partidos que están en el poder, mientras que los de oposición se niegan a acatar las disposiciones de la JCE.
“Los reclamos de la oposición ahora son los mismos que hizo el partido en el poder cuando era oposición”, apuntó el jurista, quien reiteró que los funcionarios viven expuestos a los medios, mientras los opositores se enfrentan con las limitaciones de las normativas de la JCE.
Recomendó a la JCE que dada la situación que tiene, “no apruebe resoluciones sin audiencias con los partidos políticos.
Para que estos se sientan compromisarios de su cumplimiento, “porque aquí lo que importa es que este proceso (electoral) termine bien”.
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