La Procuraduría General de la República (PGR), mediante la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), en colaboración con la Junta Central Electoral (JCE), ha puesto en marcha un proyecto piloto para la captura de datos biométricos, como parte de los esfuerzos para implementar el voto penitenciario en las elecciones presidenciales del año 2024.
La fase inicial de este proyecto se ha iniciado en el centro de privación de libertad ubicado en la Fortaleza Juana Núñez, en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. Para su lanzamiento, una delegación de funcionarios de la Procuraduría General de la República y la DGSPC, designada por la magistrada Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, ha coordinado la instalación de los equipos tecnológicos necesarios para este proceso.
Dolores Altagracia Fernández Sánchez, miembro titular de la JCE, subrayó la importancia de que las instituciones públicas establezcan acuerdos como este, donde se asume el compromiso de restituir un derecho fundamental a los privados de libertad. "En 2016, se realizaron elecciones para los presos preventivos. Sin embargo, ahora queremos dar un paso adelante, garantizando la ejecución de un plan operativo necesario para la DGSPC y la Procuraduría. Aspiramos a que este modelo se replique en otros centros penitenciarios", señaló.
Roberto Hernández, director de la DGSPC, destacó que este plan piloto representa un anhelo y un derecho legítimo de los privados de libertad: el derecho al voto, que se combinará con el derecho a la identidad en esta fase. "Hemos deseado esto durante años en nuestros centros. Creo que este convenio, a partir del compromiso con el voto penitenciario, añadirá otros componentes de control de datos al sistema penitenciario", afirmó.
La delegación incluye al consultor jurídico de la DGSPC, Ángelo Frías, y a Mártires Cirilo Quiñones, procurador adjunto, quienes colaboraron con los funcionarios de la Junta Central Electoral, como Dolores Altagracia Fernández Sánchez, miembro titular; Mario Núñez, director nacional de Elecciones; Luis Mariano Matos, director nacional de Registro Electoral; Yovanny Díaz, subdirector nacional de Cedulación; Génesis Vásquez, encargada de Operativos Móviles; Claudio Ferreira, encargado de Desarrollo; y Américo Rodríguez, director nacional de Cedulación.
La delegación de la JCE encargada de este proyecto explicó que la instalación del piloto en el CCR de Salcedo tiene como objetivo identificar a la población de internos en los recintos penitenciarios y determinar cuáles de los internos preventivos poseen cédula de identidad y electoral, permitiéndoles ejercer su derecho al voto.
Según el acuerdo, solo se llevará a cabo el proceso de expedición de cédulas de identidad y electoral, por lo que los centros penitenciarios deberán garantizar la fluidez de los privados de libertad hacia el área de captura de información.
Esta iniciativa cumple con lo establecido en la Ley 113-21 sobre Régimen Penitenciario, que otorga el derecho al voto a aquellos que no estén condenados irrevocablemente a pena criminal.
Para llevar a cabo este procedimiento, se realizará la identificación biométrica de todos los internos del centro penitenciario, y a aquellos con cédulas se les imprimirá el registro de la identificación biométrica. Al final de cada semana, los maestros de cedulados autorizados por la DNC serán enviados desde el centro de cedulación del municipio para ser anexados a la ficha del centro.
Además, los internos no identificados biométricamente serán capturados mediante el perfil biométrico, anexando la constancia de solicitud a la ficha del interno.
Américo Rodríguez, director nacional de Cedulación, destacó que este proceso aportará valores agregados, ya que todos los internos quedarán registrados biométricamente en el sistema de la JCE. "En el recinto penitenciario, se conservará el recibo como respaldo de la ficha del interno. Aquellos sin documento de identificación serán registrados en el sistema con información de su ficha, proporcionando un registro con biometría y datos personales, una ventaja que el sistema penitenciario podrá aprovechar", concluyó.
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