El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, reveló la suspensión de diez empleados vinculados al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Estos individuos, miembros del comité de compras y peritos actuantes, están involucrados en el caso de Transcore Latam, S.R.L., la empresa que había ganado la licitación para la instalación de semáforos en el Gran Santo Domingo por un monto cercano a 1,317 millones de pesos.
En una entrevista transmitida por el programa "El Día", Pimentel informó que la Dirección de Contrataciones recibió tres solicitudes de investigación y un recurso jerárquico. En cumplimiento de sus responsabilidades, la dirección emprendió una exhaustiva investigación que reveló importantes irregularidades, incluyendo alteración y falsificación de documentación.
Como resultado, se inició un proceso sancionador contra la empresa, que incluyó la anulación del pliego de condiciones, el informe preliminar, el informe definitivo y el acta de adjudicación. Según Pimentel, todas estas acciones fueron tomadas para desvincular a la empresa de cualquier contrato.
El director afirmó que el Intrant orquestó la adjudicación de la empresa y respaldó esta afirmación con cinco resoluciones que evidencian su participación. Además, señaló que la institución estaba al tanto de las investigaciones en curso pero no respondió hasta que estas estaban a punto de concluir.
Pimentel detalló que fue necesario rastrear las empresas para identificar a Jochy Gómez como el beneficiario final y reveló que ya se ha realizado un pago anticipado del 20%, equivalente a 260 millones de pesos.
La Dirección General de Contrataciones Públicas llevó a cabo su labor dentro de los límites de sus funciones y remitió la información a las instituciones correspondientes, como la Procuraduría General de la República (PGR), la Unidad Antifraude de la Contraloría, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-competencia) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Pimentel aseguró que están preparados para defender sus decisiones ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
Enfatizando la importancia de verificar la veracidad de la información, Pimentel subrayó que la responsabilidad del comité y los peritos actuantes va más allá de la revisión técnica y económica de las ofertas. Instó a las máximas autoridades a estar atentas, especialmente cuando se manejan sumas significativas.
Concluyendo, el director de Contrataciones Públicas afirmó
que están cumpliendo con su responsabilidad y que, aunque hay proyectos
necesarios para el avance del país, deben ejecutarse con base en la legalidad.
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