El domingo, el Gobierno haitiano expresó su expectativa de obtener un resultado "rápido y positivo" respecto a la misión multinacional liderada por Kenia para abordar la violencia en Haití. Sin embargo, esta semana, el Tribunal Superior de Nairobi prohibió el despliegue de la misión.
En un comunicado, el Gobierno de Haití anunció que está siguiendo de cerca "la evolución del caso de Kenia" después de que se prohibiera el envío de mil policías al país caribeño, que enfrenta una crisis en todos los aspectos, agravada por la violencia de las bandas armadas.
Haití expresó su agradecimiento al presidente keniano, William Ruto, y al pueblo de Kenia por aceptar liderar la misión, solicitada por el primer ministro haitiano, Ariel Henry, y respaldada por las Naciones Unidas. También agradeció a los países que ofrecieron distintos tipos de asistencia para restaurar el orden y la seguridad en la nación lo antes posible.
El Gobierno haitiano expresó su gratitud "a todos aquellos que seguirán acudiendo para ayudar a construir una paz duradera en Haití y permitirnos volver a la democracia". Al mismo tiempo, invitó a las "estructuras sanas de la sociedad" a formar un grupo para la gobernanza colectiva e inclusiva de esta transición con el fin de facilitar la celebración de elecciones generales lo antes posible.
Frente a las amenazas de bandas armadas que siguen sembrando el pánico, la nota subrayó que "no es el momento de aventurerismos, ni de volver a las maniobras que en el pasado contribuyeron a agravar la situación del país".
El Gobierno hizo un llamado a mantener la calma, apoyar a las fuerzas constitucionales del orden y no dejarse intimidar por campañas de desinformación y amenazas de violencia.
Ante el anuncio de un pequeño colectivo sobre una huelga de tres días a partir de mañana, el Gobierno alentó a la población en general, especialmente a los estudiantes y comerciantes, a llevar a cabo sus actividades cotidianas libremente.
Haití enfrenta una profunda crisis marcada por la violencia
extrema, con grupos armados que controlan la capital, Puerto Príncipe, y otras
partes del territorio, siendo responsables de numerosos asesinatos,
violaciones, secuestros y otros crímenes. En este país, el más pobre de
América, cerca del 50 % de la población sufre inseguridad alimentaria, y la
mitad de sus algo más de 11 millones de habitantes vive en la pobreza.
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