La audiencia referente a una presunta red acusada de estafar con millones de pesos a personas mediante la oferta de viviendas en proyectos inmobiliarios ficticios, a través de múltiples artimañas fraudulentas, se llevará a cabo este sábado en la Oficina de Atención Permanente ubicada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El supuesto cabecilla de esta red es Emmanuel Rivera, quien fue detenido el pasado jueves junto con otras personas durante veinticinco allanamientos realizados en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
Hasta el momento, la investigación ha revelado que al menos 144 víctimas han presentado querellas o denuncias ante el Ministerio Público. Según un comunicado de esta entidad, la mayoría de los afectados son trabajadores que, con esfuerzo, aportaron sumas significativas de dinero para adquirir viviendas que nunca recibieron.
En algunas instancias, las personas estafadas fueron amenazadas e intimidadas por Rivera Ledesma cuando reclamaban por el incumplimiento del acuerdo. Este individuo desafiaba a las víctimas a recurrir a la Justicia, asegurando que no obtendrían ningún resultado positivo, según informó la Procuraduría.
La presunta red delictiva utilizó vehículos de las empresas Indisarq, CRD Equipos Pesados, Grupo Wimar y Auto Xperts AFM SRL para llevar a cabo un esquema inmobiliario fraudulento que involucraba estafas, falsificaciones, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas, quienes eran engañadas a través de siete proyectos inmobiliarios.
Durante la investigación se hallaron pruebas que indican que Emmanuel Rivera Ledesma usaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba respaldado por personalidades a las que ni siquiera conocía, según el organismo persecutor.
Además, se recolectaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas. A raíz de la investigación, el imputado Rivera Ledesma intentó obstaculizar el proceso persuadiendo a las víctimas para que no presentaran querellas en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.
Con base en estos hallazgos, se argumenta que el imputado y
otros miembros de la red deben ser sometidos a medidas de coerción que eviten
la destrucción de evidencias y que los cataloguen como una amenaza clara para
las víctimas y la sociedad en general.
0 Comentarios