El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha fallado a favor de la Dirección General de Contrataciones Públicas y en detrimento de Transcore Latam S.R.L. Esta última presentó una medida cautelar para evitar la suspensión del contrato con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), referente a la red de semáforos inteligentes cuyo expediente está actualmente en manos del Ministerio Público.
Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas, reveló esta información en X, detallando que el TSA emitió la sentencia 0030-01-2023-SSMC-00127. En dicha sentencia, se afirmó que "no se demostraron los méritos necesarios para justificar la adopción de una medida cautelar contra la resolución de la DGCP".
Mediante la medida cautelar, Transcore Latam S.R.L, propiedad de José Ángel Gómez Canaán, buscaba evitar la suspensión del contrato relacionado con la "Contratación del Servicio de Modernización, Ampliación, Supervisión y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo", valuado en RD$1,317,350,997.00.
Las investigaciones realizadas por Contrataciones Públicas y la Unidad Antifraude de la Contraloría revelaron "la existencia de un entramado societario difuso y la presentación de documentación falsa para acreditar experiencia por parte de la empresa adjudicataria, cuya autenticidad fue desconocida por las supuestas empresas emisoras".
En virtud de la Resolución Ref. RIC-179-2023, se dictó la inhabilitación del proveedor Transcore Latam, S.R.L., debido a la presentación de documentación falsa o alterada en el marco del procedimiento de Licitación Pública Nacional Núm. INTRANT-CCC-LPN¬2023-0001.
El contrato fue suscrito entre la empresa y Hugo Beras, director del Intrant en ese momento, quien inicialmente respaldó el contrato pero, posteriormente, al conocerse las irregularidades, solicitó licencia de su cargo al presidente Luis Abinader.
Durante las investigaciones, la DGCP identificó un entramado
societario "con señales de aparente uso de mecanismos para crear múltiples
empresas a través de una entidad única o un solo beneficiario final",
según informó Pimentel en ese momento. El expediente fue remitido al Ministerio
Público, que llevará a cabo el proceso de investigación antes de decidir sobre
los posibles sometimientos judiciales.
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