El Gobierno de Venezuela anunció hoy la suspensión de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas, acusándola de "instrumentalizar" su labor en detrimento del Ejecutivo.
Además de detener las actividades de esta oficina, establecida desde septiembre de 2019, el Gobierno declaró que llevará a cabo una "revisión exhaustiva de los términos de cooperación" acordados con la organización en los próximos 30 días y ordenó la expulsión de 13 funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que operan en Caracas.
Según el comunicado leído por el canciller, Yván Gil, Venezuela "solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas, hasta que rectifiquen públicamente su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas ante la comunidad internacional".
El ministro explicó que esta decisión se debe al "inadecuado papel" que esta institución ha desempeñado, actuando con parcialidad y como el "bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que constantemente conspiran contra el país".
Desde la firma de la carta de entendimiento en 2019, la oficina "ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, buscando sistemáticamente la impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la constitución", agregó el comunicado.
A pesar de esta medida, Venezuela reiteró su "disposición a seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre basados en el diálogo genuino y en estricto respeto a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos".
Esta decisión se produce un día después de que el relator
especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, afirmara
que el Gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención y que las
autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas
al país, que concluyó el miércoles.
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