La Eurocámara y los Estados miembros han alcanzado un acuerdo político este viernes para prohibir el vertido de aguas residuales, basura y residuos de depuradoras por parte de los navíos, ampliando así el veto existente sobre la descarga de hidrocarburos.
El acuerdo provisional, sujeto a ratificación por ambas instituciones, modifica la directiva sobre la contaminación del transporte marítimo, endureciendo las normas y ampliando los vertidos sujetos a multa, así como fortaleciendo los controles, según informó el Parlamento Europeo en un comunicado.
Específicamente, se añaden a la lista de sustancias prohibidas para verter en el mar -donde ya se incluyen el petróleo y otros líquidos peligrosos- las aguas residuales, basura y residuos de depuradoras.
Además, el acuerdo contempla una revisión de las normas cinco años después de su entrada en vigor para evaluar la posibilidad de sancionar también los vertidos de desechos plásticos, gránulos plásticos o la pérdida de contenedores de transporte marítimo. Sin embargo, esta revisión no se realizaría antes de 2030, dado que una vez ratificado el acuerdo, los países tendrán dos años y medio para incorporarlo a su legislación nacional, lo que significa que las normas solo entrarán en vigor a finales de 2026 o principios de 2027, según la rapidez con la que actúen.
Estas nuevas disposiciones también obligarán a los Estados a establecer multas "eficaces y disuasorias" para los barcos que incumplan las normas, mientras que las sanciones penales por este tipo de delitos ya se acordaron en la directiva sobre delitos ambientales sellada el año pasado.
Estas sanciones pueden variar desde penas de prisión de hasta diez años si se produce una muerte como consecuencia del delito, hasta multas que oscilan entre el 3 % y el 5 % de la facturación mundial de las empresas infractoras o entre 24 y 40 millones de euros, según prefieran los países.
El acuerdo alcanzado este viernes también prevé fortalecer el control a través del sistema europeo de detección por satélite de vertidos de hidrocarburos, asegurando que todas las alertas sean monitoreadas digitalmente y que al menos el 25 % de ellas sean verificadas por las autoridades nacionales, con el objetivo de evitar que los vertidos se dispersen y sean difíciles de detectar.
"Necesitamos un esfuerzo coordinado, utilizando
tecnologías avanzadas como la vigilancia por satélite y las inspecciones en el
terreno para eliminar eficazmente los vertidos ilegales. Las sanciones deben
reflejar la gravedad de la infracción, actuando como un verdadero elemento
disuasorio", declaró Marian-Jean Marinescu, eurodiputado rumano del PPE y
responsable del tema en la Eurocámara.
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