Conani fija posición sobre denuncias de abusos en hogares de paso

 

Ante las recientes denuncias difundidas en los medios sobre presuntos casos de abuso y maltrato a menores bajo su tutela en los hogares de tránsito, el Consejo Nacional de la Infancia y la Adolescencia (CONANI) ha emitido un comunicado reconociendo las deficiencias existentes en el Sistema de Protección que administra.

El organismo aseguró que todas las denuncias verificadas han sido remitidas al Ministerio Público. Sin embargo, subrayó que, en cumplimiento del principio de confidencialidad establecido en el artículo 231 de la Ley 136-03, no puede divulgar información relacionada con casos involucrando a menores. "Es un derecho fundamental de los adolescentes y sus familias que se respete su privacidad", afirmaron.

Se destacó una situación de sobrepoblación en los 10 hogares de tránsito, donde los menores son derivados por el Ministerio Público y los tribunales tras determinarse que están en riesgo personal, familiar o social.

Con respecto al hogar de tránsito en Jarabacoa, el cual fue objeto de denuncias por maltrato y abuso, incluyendo abuso sexual según una investigación periodística llamada Nuria, CONANI informó que en enero del presente año trasladó a 17 menores a Aldeas Infantiles, en un esfuerzo por manejar mejor los casos más complejos en colaboración con esta organización sin fines de lucro. Además, anunció planes para reubicar a otros 46 menores con el objetivo de aliviar la carga en dicho hogar.

Se resaltó que los menores atendidos en los hogares de tránsito presentan diversos perfiles, incluyendo situaciones de abandono, personas en conflicto penal, víctimas de abuso de todo tipo, explotación sexual comercial, trabajo infantil, trata y tráfico, entre otros.

Se indicó que estos menores a menudo presentan traumas psicológicos derivados de sus experiencias, manifestándose en formas como conducta desafiante, trastorno disocial, trastorno límite de la personalidad, depresión, autolesiones, trastornos psicopáticos, adicciones y síndrome de abstinencia, especialmente en el hogar de tránsito de Jarabacoa.

Por otro lado, CONANI aclaró que sus colaboradores están obligados a mantener la confidencialidad de los asuntos relacionados con su trabajo e información institucional incluso después de dejar el cargo, conforme a la Ley 41-08 de Función Pública.

En relación con la suspensión de la empleada Lucifabery Morel, quien denunció situaciones de abuso y maltrato en al menos tres hogares de tránsito donde trabajó, CONANI indicó que esta acción responde a la infracción de dicha ley.

Finalmente, en cuanto a los menores privados de libertad, un estudio de Sorange Batista, periodista y graduada en Derecho, concluye que el modelo de tratamiento actual en los Centros de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal no cumple con los requisitos necesarios para lograr una verdadera reintegración social. En su tesis, propone la creación del "Centro de Reeducación para Adolescentes y Jóvenes Yo Puedo", que incluye una transformación desde la estructura física hasta un seguimiento efectivo post-tratamiento.