El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, propuso llevar a la justicia a los ingenieros responsables de la construcción de la cárcel de Las Parras en San Antonio de Guerrera, diseñada para albergar cerca de 9 mil internos, debido a posibles irregularidades en su ubicación sobre terreno pantanoso.
Destacó la corrupción rampante en el sistema penitenciario dominicano, señalando casos como la existencia de una ferretería propiedad de un recluso en la cárcel de San Francisco de Macorís, donde incluso ocurrió un homicidio.
Ulloa resaltó la urgencia de eliminar la interacción entre los modelos penitenciarios viejo y nuevo en la República Dominicana, abogando por mejorar las condiciones en cárceles como Las Parras y Pedro Corto para reducir la indignidad de los internos.
En cuanto al incendio mortal en La Victoria, subrayó que trasladar a 400 o 500 personas no resolverá el problema de sobrepoblación, dado que el recinto fue construido para albergar a mil personas pero actualmente tiene alrededor de 8,000.
El Defensor del Pueblo lamentó la falta de acción para habilitar más de 700 lugares identificados por la Dirección General de Prisiones para descongestionar el sistema penitenciario, resaltando que solo se requieren inversiones menores en infraestructura.
Además, criticó la coexistencia de presos hombres y mujeres en celdas por falta de espacio en cárceles como Najayo y Samaná, a pesar de que existen lugares disponibles para su habilitación.
Ulloa llamó a un diálogo entre las autoridades pertinentes para abordar la alta proporción de presos preventivos en el país y la falta de capacidad para albergarlos.
Advirtió que las cárceles dominicanas están operando como
laboratorios del delito, reflejando los problemas de seguridad ciudadana en el
país y la influencia del crimen organizado en estos entornos, destacando la
importancia de estudiar experiencias en otros países para evitar extremos
similares.
0 Comentarios