Varios partidos de la oposición política han demandado este lunes la destitución del jefe de la Policía Militar Electoral, Juan José Otaño Jiménez, debido a lo que consideran una falta de acción por parte de dicha institución frente a presuntos delitos electorales cometidos por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) durante los comicios municipales pasados.
Este pedido se encuentra detallado en un documento rubricado por diversos candidatos presidenciales y líderes de partidos políticos, en el cual se proponen varias acciones a ser tomadas por la Junta Central Electoral (JCE) de cara a los próximos procesos electorales.
Asimismo, en este compendio de garantías, los partidos que lo suscriben han solicitado que una vez removido el jefe de la policía electoral, su sucesor sea designado con el consenso de la oposición.
"Ante la inacción demostrada por la Policía Militar Electoral frente a los presuntos delitos electorales ocurridos en los centros de votación, así como diversas acciones llevadas a cabo que ponen en duda su imparcialidad y función, la Junta Central Electoral (JCE) debe requerir la destitución del actual jefe de la Policía Militar Electoral y su sustitución por otra persona, con el acuerdo de todos los partidos de la oposición", indica parte del texto.
Además, han urgido a la Junta a suspender al director general de Juntas Electorales, Ramón Urbáez Mancebo, alegando que ha mostrado "parcialidad y complicidad" con el PRM. De no proceder su suspensión, sugieren su reubicación fuera del ámbito electoral.
Del mismo modo, han enfatizado la importancia de que observadores de todos los partidos políticos estén presentes en la Dirección General de las Juntas Electorales.
¿CUÁLES SON LAS ACUSACIONES CONTRA EL PRM Y EL GOBIERNO?
Los partidos que respaldan este "Pliego de Garantías Electorales para la Transparencia de las Elecciones de mayo 2024" argumentan que el Gobierno entregó tardíamente la mitad de los fondos destinados para el año electoral con el objetivo de debilitar a las fuerzas políticas opositoras.
Además, acusan al oficialismo de "capturar" candidatos de la oposición utilizando recursos financieros del Estado.
Asimismo, afirman que el PRM, valiéndose del Estado, ha "tomado control" de los espacios físicos de los centros de votación, con sus militantes dedicados a la compra de votos.
Sin embargo, según el informe de las elecciones municipales de Participación Ciudadana, si bien el PRM no fue el único partido en cometer faltas durante dicho proceso electoral, fue el mayor transgresor.
"Nuestros observadores registraron proselitismo abierto en los recintos y sus alrededores en un 45% de los casos, principalmente a favor del PRM, seguido por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y en menor proporción la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD)", señaló en ese entonces la coordinadora de Participación Ciudadana, Lizzie Sánchez.
Respecto a las acusaciones de compra de votos, el informe de Participación Ciudadana indicó que esto ocurrió en el 16% de los centros de votación, siendo el PRM, el PLD, la FP y el PRD los principales infractores.Varios
¿QUIÉNES FIRMAN ESTE PLIEGO?
El documento fue suscrito por Abel Martínez Durán, candidato presidencial del PLD; Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo; Miguel Vargas Maldonado, candidato presidencial del PRD; Virginia Antares Rodríguez, candidata presidencial del partido Opción Democrática (OD); y Carlos Peña, candidato presidencial del partido Generación de Servidores (GenS).
También lo firmaron José Francisco Peña Guaba, presidente del
Bloque Institucional Social Demócrata (BIS); Elías Wessin Chávez, presidente
del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC); Ismael Reyes, presidente
del Partido Demócrata Institucional (PDI); y Soraya Aquino, presidenta del
Partido Socialista Cristiano (PSC). Foto: LD.
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