El Ministerio Público desmintió el miércoles las afirmaciones de la defensa del ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez, que sugieren que el Consejo Superior del órgano persecutor eximió a su cliente de una posible condena por el manejo irregular de los recursos de la institución entre 2016 y 2020.
El Ministerio Público reiteró que Rodríguez Sánchez, quien es el principal acusado en el caso derivado de la operación Medusa, es acusado de dirigir un entramado de corrupción administrativa que causó un perjuicio al Estado de más de 6,000 millones de pesos.
"Es lamentable que la defensa de Jean Alain Rodríguez intente confundir a la opinión pública, ignorando que todo el país sabe que el único papel del Consejo Superior del Ministerio Público, que el propio acusado presidía, fue recibir su informe de gestión", declaró.
En un comunicado de prensa, el Ministerio Público señaló que los abogados están conscientes de que el Consejo es un órgano de gobierno responsable de cierta administración, "nunca un órgano investigativo o judicial para juzgar delitos cometidos por un administrador específico, quien debería responder ante los tribunales".
"Ellos saben que es completamente normal que el Consejo certifique la recepción de informes administrativos, como una forma de validar que el responsable tenía la autoridad legal para llevar a cabo esas acciones", agregó.
"Los abogados del acusado podrían ser más ingeniosos, ya que solo están presentando argumentos inválidos, que parecen ser un intento prematuro de absolución propia por parte de un funcionario que planificó los actos de corrupción y siempre estuvo al tanto de las consecuencias legales de esos actos", enfatizó.
La fase preliminar del proceso está a cargo del juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, quien decidirá si envía o no a juicio a Rodríguez Sánchez y a otros por el desfalco de miles de millones de pesos pertenecientes a los contribuyentes.
Además de Rodríguez Sánchez, están siendo procesados Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público; Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo; Alfredo Alexander Solano Augusto, ex subdirector administrativo; Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; Altagracia Guillén Calzado, ex subdirectora administrativa; Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad; y el exasesor del imputado Miguel José Moya.
Los acusados enfrentan cargos criminales que incluyen
coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa
contra el Estado, sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de
activos. El Ministerio Público ha presentado cargos contra 41 personas físicas
y 22 empresas en este caso.
0 Comentarios