Punta Cana.
La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia), María Elena Vásquez Taveras, anunció que por primera vez se ha sancionado un caso de colusión en contrataciones públicas, relacionado con dos empresas distribuidoras de insumos para la elaboración de alimentos destinados a las cárceles del sistema penitenciario nacional.
Este hecho histórico fue reconocido por Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), quien destacó la sanción como un logro significativo en la gestión de Vásquez Taveras. "Desde la creación de Procompetencia, es ahora cuando realmente comienza a operar. Es fundamental hablar de colusión, y por primera vez tenemos una sentencia contra esta práctica anticompetitiva", afirmó Ortiz Bosch durante la apertura del conversatorio "Procompetencia: Mejores prácticas en Cumplimiento Normativo y Transparencia".
Durante su intervención, Vásquez Taveras subrayó los hallazgos que llevaron a identificar el esquema colusorio, tales como la relación familiar entre los accionistas de ambas empresas, la coincidencia en precios y productos ofrecidos, así como su representación mutua en la fase de ejecución contractual.
"Es la primera vez en la historia de la República Dominicana que se sancionan a dos empresas por coludir en procesos de compra y contratación pública. Esto ha sido posible gracias a la colaboración con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)", señaló.
La presidenta de Procompetencia explicó que las sanciones se impusieron conforme a la normativa vigente y que la estimación del daño se basó en fórmulas económicas publicadas en las guías metodológicas de la institución, lo que otorga seguridad jurídica a los procesos sancionadores.
Otro tema tratado fue el papel de los representantes de las Oficinas de Acceso a la Información (OAI), quienes son considerados clave para promover la transparencia y rendición de cuentas en las instituciones gubernamentales, especialmente en el ámbito de las contrataciones públicas. Vásquez Taveras destacó que las OAI son fundamentales para prevenir el favoritismo y la colusión en la asignación de contratos.
"Los representantes de las OAI actúan como herramientas de control y supervisión, fomentando un entorno de compras más equitativo y eficiente. Es esencial que la información sobre los procesos y decisiones del sector público esté disponible para el escrutinio social", concluyó.
Vásquez Taveras hizo estas declaraciones en el segundo día
del 3er Congreso Internacional de Integridad Gubernamental y Cumplimiento
Normativo, organizado por la Digeig.
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