Mediante operativos de intervención conjunta, las autoridades
clausuraron varios negocios, notificaron a otros de la posibilidad de cerrarlos
y apresaron a decenas de personas por infringir la ley, afectando la seguridad
y tranquilidad social.
De acuerdo a las informaciones suministradas por el programa
de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA) del Ministerio de Interior y Policía,
durante el esfuerzo interinstitucional integrado por fuerzas mixtas, compuestas
por miembros del Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de
Defensa (MIDE) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), fueron
fiscalizados unos 70 negocios nocturnos, entre los que figuran colmados, bares
y liquor stores.
De esa cantidad, cinco negocios fueron cerrados; tres situados en el Gran Santo Domingo y los dos restantes en provincias del interior del país. En tanto que 24 establecimientos fueron notificados por infracciones menores a los fines de que regularicen su situación; de esa cantidad, 10 negocios están situados en el Gran Santo Domingo y 14 en el interior del país.
Según las informaciones oficiales, en los negocios
intervenidos se encontraban menores de edad, máquinas tragamonedas y fue
detectada la contaminación sónica; la ocupación ilegal de espacios públicos, la
falta de señalización de seguridad y la ausencia de puertas de emergencia.
Los operativos simultáneos se realizaron en el Distrito
Nacional, las provincias Santo Domingo, Duarte, Monseñor Nouel y Hato Mayor.
Las fuerzas mixtas se hicieron acompañar de representantes del Ministerio
Público, que notificaron a los propietarios o representantes de los comercios
sobre las medidas tomadas.
También, durante la "operación Garantía de Paz", fueron detenidas varias personas que intentaron obstaculizar el trabajo de las autoridades y otras que fueron encontradas con sustancias prohibidas.
Operativos seguirán
Edwin Féliz, viceministro de Seguridad Interior, quien
encabezó los operativos en el Distrito Nacional, aseguró que los mismos se
realizarán de forma permanente con el objetivo de garantizar la seguridad en
las zonas con mayores índices delictivos.
"El dominicano merece descansar y vivir tranquilo; los
menores no pueden estar en lugares que no les están permitidos, y queremos que
la ley se cumpla", expresó el funcionario.
Los sectores intervenidos
Entre los sectores intervenidos situados en el Distrito
Nacional figuran: Villa Francisca, Villas Agrícolas, Villa Consuelo, Ensanche
La Fe y Cristo Rey.
Mientras que en la provincia Duarte, el operativo abarcó Las
Flores, Santa Ana, Av. Caonabo, Ribera del Jaya, Av. Libertad, la Villa
Olímpica, La Javiela, Los Maestros, Los Rieles y El Capacito.
Fermín Domínguez, director general del programa de Control de
Bebidas Alcohólicas (COBA), detalló que los negocios clausurados no cumplieron
con corregir las irregularidades que fueron detectadas en una visita anterior.
Mientras que Carlos José Alcántara, director regional del
COBA, reveló que durante la intervención se incautaron bocinas, motocicletas,
varias máquinas tragamonedas, sillas y mesas que obstruían las aceras y el paso
de los peatones.
Reunión previa
Según una nota de prensa, previo al operativo de intervención conjunta, lanzado el pasado viernes, el director del COBA sostuvo un encuentro con Junior González y otros integrantes de la Unión Dominicana de Propietarios de Centros Nocturnos de Diversión (Udcend) para socializar sobre la importancia del cumplimiento a la Resolución 001-2022, rubricada por los ministerios de Interior y Policía y de Turismo. La normativa regula el horario y condiciones de expendio de bebidas alcohólicas en bares y discotecas ubicadas dentro de los hoteles.
Domínguez explicó que por instrucciones de la ministra Faride
Raful se realizarán otras reuniones con los propietarios de todos los niveles y
clasificación de establecimientos comerciales que expenden bebidas alcohólicas
a nivel nacional.
El pasado viernes, el gobierno, a través del Ministerio de
Interior y Policía y gracias a un esfuerzo interinstitucional, lanzó un
operativo de intervención conjunta para mantener la seguridad, la tranquilidad
social y reducir la incidencia delictiva.
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