Diversos sectores reclaman, ante la gran cantidad de presos que sufren de enfermedades terminales y propias del hacinamiento en las cárceles dominicanas, que se aplique el indulto presidencial, una figura presente en la Constitución, pero que no se aplica desde 2012.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el Defensor del Pueblo, la Dirección Nacional de Defensa Pública y el juez del Tribunal Constitucional (TC), José Alejandro Vargas, favorecen la aprobación en el país de la referida Ley de Indultos que permita evaluar y dar salida a muchos de esos privados de libertad.
Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, manifestó que el indulto presidencial está contemplado en la Constitución y que en el Congreso Nacional reposan proyectos en los que la Finjus ha participado.
Sostuvo hay que saber regular los indultos presidenciales y determinar en qué casos procedería, para evitar desórdenes y situaciones que se puedan cuestionar, como ha ocurrido en el pasado.
“Es verdad que en todo proceso hay víctimas, eso es verdad, pero muchas veces se dan situaciones en donde se impone el indulto”, enfatizó el jurista Castaño Guzmán.
Consideró que alrededor de los indultos se han construido
muchos mixtos y generalmente los presidentes sobre todo de países como
República Dominicana le temen conceder para evitar que baje su nivel de
popularidad en determinados sectores.
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