La visión y la agenda legislativa del Congreso parecen estar
desligadas de los objetivos del Gobierno. En el Poder Legislativo existen por
lo menos 23 proyectos que buscan crear nuevas instituciones, pese al plan de
austeridad que impulsa el presidente Luis Abinader y que persigue eliminar algunas
entidades y fusionar otras.
Como parte de su plan de reformas, Abinader impulsa la
eliminación y fusión de alrededor de 15 entidades públicas que le ahorrarían al
Estado 25,000 millones de pesos. En términos absolutos, las instituciones que
serían fusionadas son nueve, las que serían eliminadas son seis y las que el
Congreso busca crear son 23.
En caso de que el Congreso apruebe debidamente todos los proyectos de ley para crear nuevas instituciones, los montos anuales de los presupuestos estatales aumentarían, ya que todas las iniciativas, en sus disposiciones finales, ordenan al Poder Ejecutivo a otorgar las partidas correspondientes para cada entidad.
En el ala del Senado solo existen tres proyectos para crear
entidades. Uno busca instaurar el Instituto Nacional del Casabe, propuesto por
Antonio Marte, otro crearía el Instituto Nacional de la Semilla, autoría de
Félix Bautista y el último propone establecer el Ministerio de Protección y
Asistencia Social.
En la Cámara de Diputados se encuentra el gran grupo de
proyectos que, lejos de impulsar la austeridad y reducción estatal, persiguen
crear nuevas entidades públicas que van desde la magnitud de ministerios nuevos
hasta oficinas públicas para apoyar a varias instituciones existentes.
Algunos de los proyectos que se estudian en comisiones en la
Cámara Baja crearían el Ministerio de la Familia, la Dirección General de los
Cementerios, la Superintendencia de Bienes del Estado, la Superintendencia de
Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones, el Ministerio de
Justicia o la Dirección General de Artesanía y Artes Plásticas.
El Gobierno busca ahorrar RD$25 mil millones con fusión y
eliminación de instituciones
Asuntos municipales
Entre el grupo de proyectos, un poco más de la mitad se
encuentra bajo los estudios de las comisiones de Asuntos Municipales y de
Agricultura. Estas iniciativas, en esencia, buscan crear entidades dedicadas a
actividades meramente agrícolas o exclusivas para algunas comunidades
específicas.
Por ejemplo, el sistema de información legislativa registra
propuestas para crear la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la
provincia Hermanas Mirabal, el Instituto Agroindustrial de la provincia
Monseñor Nouel, el Instituto Nacional Apícola, la Corporación Dominicana del
Arroz, el Instituto Nacional del Cacao, el Instituto Agroindustrial de la
provincia Valverde y el Departamento de Extranjería de los ayuntamientos
municipales.
Otros proyectos
Las propuestas restantes están repartidas entre las distintas
comisiones de estudios y con ellas, los legisladores analizan la creación de
entidades como el Ministerio de la Tecnología, la Agencia Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo, la Dirección General de la Policía Municipal y el
Instituto Nacional para las relaciones bilaterales entre República Dominicana y
Haití.
Los que más proponen entidades
Los congresistas que han propuesto la creación de nuevas
instituciones son 17, pero cuatro de ellos resaltan por ser los que han
depositado más propuestas para agrandar al Estado.
El diputado Elías Wessin, del Partido Quisqueyano Democrata
Cristiano (PQDC), es el legislador que más ha depositado proyecto con esos
fines. Tiene 4 propuestas para crear igual cantidad de entidades.
A él le sigue el diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, con tres proyectos Luego figuran los diputados Ramón Raposo y Nicolás Hidalgo, cada uno con dos proyectos de ley.
Los argumentos
En el Congreso están conscientes del plan para achicar al Estado
promovido desde el Gobierno. Así lo demuestran los proyectos de los
legisladores. Sin embargo, también argumentan que las instituciones propuestas
ayudarían a "mejorar la eficiencia" en la Administración Pública con
entidades más cercanas, que agrupen funciones de otras o que descarguen a la
Presidencia de todo el control estatal, según consta en las piezas
legislativas.
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