La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha calificado como un grave error el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que reduce del 70% al 65% la calificación mínima requerida para que los docentes obtengan un aumento salarial.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, considera que esta decisión socava los esfuerzos por mejorar la calidad educativa en el país. A pesar de la asignación del 4% del Producto Interno Bruto a la educación preuniversitaria, la calidad educativa sigue siendo un desafío.
Castaños Guzmán afirmó que reducir los requisitos para obtener un aumento salarial envía un mensaje equivocado y podría incentivar el bajo rendimiento docente. "Si bien reconocemos el derecho de los educadores a reivindicar sus derechos, la calidad de la educación debe ser la prioridad", expresó.
El jurista señaló que esta decisión podría agravar la desigualdad educativa y perjudicar el futuro de los estudiantes. "Es inadmisible que como Estado permitamos prácticas que socavan la calidad de la educación, especialmente cuando nuestro país ocupa los últimos lugares en evaluaciones internacionales", enfatizó.
Castaños Guzmán hizo un llamado a las autoridades educativas para que evalúen esta decisión y se enfoquen en implementar medidas que promuevan la excelencia académica y la mejora continua de la educación.
Planteó que la República Dominicana está atravesando una inestabilidad en el sistema educativo y que parece ser que no hay régimen de consecuencias contra los actores que, llamados a ofrecer una educación de calidad, se suman masivamente en desacato a sus funciones.
Sostuvo que los vicios del sector educativo lesionan los logros sociales y los avances institucionales que el país ha conquistado y que es necesario que se pondere la integración de reglamentaciones internas que aboquen examinar a profundidad los parámetros educativos sustanciales.
Expresó que
ello sólo se traduce en una desmejora continua del desarrollo del Estado y que
debe priorizarse el desarrollo armónico e integral para el sustento apropiado
de la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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