Jueza solicita Cámara de Cuentas auditar al Consejo Poder Judicial

 

La presidente de la segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, solicitó a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría “exhaustiva” al Consejo del Poder Judicial (CPJ), para determinar el uso que le está dando a la asignación presupuestaria que para este 2025 será de RD$12,921.5 millones para un incremento de un 49.8%.

En una comunicación dirigida al Pleno del órgano auditor, la magistrada Muñoz justifica su pedimento en una serie de situaciones que se estarían dando en ese poder del Estado, las cuales afirma, “resultan altamente preocupantes”.

En primer término, señaló “las deplorables condiciones con riesgo de colapsar” que tienen edificaciones donde operan tribunales como la Corte Penal y Civil del Distrito Nacional, donde solamente al Centro de Asistencia al Usuario acuden más de 200 personas diariamente.

Dijo que un estudio de vulnerabilidad hecho en enero del 2021 al edificio que alberga la Corte, ubicado en las esquina que forman las calles Juan Bautista Pérez y Juan de Dios Ventura Simó, en La Feria, “arrojó que existe un riesgo inminente”, toda vez que a nivel de su estructura “presenta un aspecto crítico que pone en juego tanto la edificación como la vida de las personas” que día a día concurren allí.“Lo que estamos diciendo es tan grave, que, a simple vista podemos observar señales claras que indican posibles derrumbes…”, dice la jueza en su comunicación, a la que anexa pruebas documentales y fotográficas de la denuncia. Cuestionó que el PJ adquirió hace diez años una edificación que tiene sin utilizar, “mientras tanto, paga alquileres para alojar tribunales en el Distrito Nacional, y es incapaz de atender las deficiencias y falta de condiciones de muchos otros para que puedan ejercer de manera digna las funciones”.

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Dice que tampoco ocupa las vacantes de jueces que a nivel nacional se han ido aperturando por diferentes razones, que tiene tres años sin aumentar el salario de los jueces ni del personal administrativo; y no indexa los salarios de los jueces pensionados.

En contraste, “los hijos mayores de edad de los jueces activos y pensionados de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del CPJ, tienen seguro médico internacional, la seguridad policial de los miembros del CPJ, “sobrepasa por mucho” el número que prevé la Ley 327 sobre Carrera Administrativa, y “tarjeta flotilla” con balance de RD$50,000 mensual para uso exclusivo de combustible, violando la norma.

Indica que aunque dentro de sus funciones el CPJ tiene la administración y el Gobierno de los recursos del PJ, “eso no significa que ese órgano constitucional pueda actuar sin ningún tipo de fiscalización”, sino que, por el contrario, está en la obligación de hacer una rendición de cuentas.