"Extinción Penal: ¿Una Fallida Búsqueda de Justicia en la República Dominicana?" OPINION:

 

 Por: la Redacción.

En los últimos cinco años, un total de 157,562 casos fueron judicializados en la República Dominicana. De estos, 7,825 resultaron en la extinción de la acción penal, una figura legal que pone fin a un proceso judicial cuando no se ha conocido en el plazo máximo de cuatro años establecido en el Código Procesal Penal Dominicano. Este fenómeno ha generado controversia en el país, cuestionando la efectividad y eficiencia del sistema judicial dominicano.

La extinción de la acción penal no es un concepto menor. Es, en muchos casos, la conclusión de un proceso judicial sin que se haya emitido una sentencia. Esta situación no solo afecta a las partes involucradas, sino que también pone en evidencia las debilidades y fallos estructurales del sistema judicial. Durante el año 2024, por ejemplo, 2,756 casos fueron extinguibles, motivados por causas tan diversas como el vencimiento del plazo de prescripción, la falta de detalles en los casos o la prescripción de los mismos.

Los distritos judiciales con mayor número de casos extintos incluyen provincias como La Vega, San Cristóbal y San José de Ocoa. Sin embargo, hay una tendencia preocupante: ciertas zonas como Dajabón, Independencia o María Trinidad Sánchez, donde apenas se registran casos extinguibles, lo que sugiere una distribución desigual de la carga judicial o la falta de información sobre los procesos en estos territorios. En otros casos, como en el Distrito Nacional, las solicitudes para la extinción de la acción penal aumentaron drásticamente en los últimos años, lo que podría indicar una crisis de eficiencia judicial.

Si bien la extinción penal se presenta como una solución ante el retraso judicial, plantea serias interrogantes sobre el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En lugar de garantizar justicia, se convierte en una vía para la impunidad, dejando a muchos sin respuestas frente a graves delitos, como los escándalos de corrupción que han sacudido al país.

El caso de los aviones Super Tucano es un ejemplo emblemático. Después de años de investigaciones y una condena a la empresa Embraer por pagar sobornos, el caso se extinguió en 2023 debido al vencimiento del plazo de prescripción, solo para ser revocado en diciembre de 2024. Este giro en el proceso judicial pone en evidencia lo que podría considerarse un fallo sistemático: una justicia que se retrasa hasta tal punto que los responsables quedan impunes. Este caso no es aislado, ya que otros, como los de Bahía de las Águilas y Los Tres Brazos, han tenido un destino similar, lo que aumenta la percepción de que el sistema está lejos de garantizar la justicia que los ciudadanos esperan.

El fenómeno de la extinción penal refleja una cuestión mucho más profunda que solo los plazos procesales. Es una clara señal de que el sistema judicial de la República Dominicana necesita reformas urgentes que aborden los retrasos, la falta de recursos y la distribución equitativa de la carga procesal. La justicia no puede ser una espera interminable, ni una puerta cerrada para quienes buscan respuestas ante el delito.

En conclusión, la extinción de la acción penal no debe verse como un fin, sino como una llamada de atención sobre las carencias y debilidades del sistema judicial. Para que los casos no se extingan en la impunidad, es necesario que se tomen medidas eficaces que garanticen el cumplimiento de la ley dentro de los plazos establecidos, favoreciendo un sistema judicial más justo y transparente.