La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)
informó este domingo que inició, de oficio, una investigación en torno a tres
procedimientos de compras del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
(Inabie) para la adquisición de útiles escolares, ascendentes a 6 mil millones
de pesos.
Los tres procesos de compras, según la DGCP, originaron 457
contratos adjudicados a 296 proveedores diferentes después de la presentación
de 1,420 ofertas.
La DGCP reveló también que tiene otra investigación abierta para conocer las solicitudes del Inabie en la que requiere la inhabilitación del registro de proveedores del Estado (RPE) de empresas participantes a fin de determinar si participaron proveedores con conflictos de interés o en violación del régimen de prohibiciones de la Ley 340-06.
La DGCP dio a conocer que, hasta el momento, la Dirección de
Investigaciones y Reclamos no ha recibido ninguna solicitud de medida cautelar
ni recursos administrativos por parte de los oferentes participantes en los
tres procesos que se investigan.
En colaboración con Unidad de Antifraude
En un comunicado de prensa, el órgano rector dice que estas
acciones se realizan en coordinación con la Unidad Antifraude de la Contraloría
General de la República, ente que deberá profundizar las pesquisas respecto al
tratamiento de las mercancías, supuestamente importadas, encontradas en los
almacenes de Inabie.
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También sobre el papel de la unidad requirente con relación a
la actuación de los peritos, así como del personal responsable de evaluación
que intervino en la revisión de los informes de las visitas realizadas.
La DGCP afirmó que, en el marco de esta investigación, serán
utilizados los informes levantados por el Programa de Cumplimiento Regulatorio
y por el Sistema de Alerta Preventiva y Reactiva, emitidos durante el referido
proceso.
Asimismo, informó que, como medida cautelar, solicitará a la
Contraloría General de la República la suspensión del registro de los contratos
suscritos con los proveedores denunciados y otros, hasta tanto se concluyan las
investigaciones.
De igual manera, aseguró que aportará toda la documentación
requerida por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia)
para que, en el marco de sus funciones, determine si existen indicios de
colusión y conflictos de interés alrededor de los procedimientos
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