Fuente: Noticias SIN
29 mayo, 2025 - 1:12 PM
Santo Domingo.– La Cámara de Cuentas de la República
Dominicana (CCRD) rechazó las mayoría de los argumentos presentados por los
exministros Juan Temístocles Montás y Nelson Toca Simó a las serias
irregularidades detectadas durante su administración en el Ministerio de Industria,
Comercio y Mipymes (MICM).
La auditoría abarca el período 2015-2019 y la CCRD detectó
múltiples irregularidades en el manejo de fondos, contrataciones, control
interno y administración de bienes. Los exministros presentaron una defensa en
una carta en noviembre de 2022, pero los auditores mantuvieron sus
observaciones por falta de evidencias contundentes.
Fondos Internos sin manuales ni políticas
La CCRD sostuvo que el MICM manejó RD$1,341 millones entre
2015-2019 sin manuales que regulen su uso. Los exministros alegaron que los
fondos se usaron para viáticos, transferencias a PYMES y cámaras de comercio, y
que se rendían informes semestrales a la Contraloría.
«Los fondos internos se utilizan para el pago de viáticos en
misiones oficiales propias de las funciones del personal del Ministerio de
Industria y Comercio y Mipymes y del Cuerpo Especializado de Control de
Combustible CECCOM, así como para cajas chicas, transferencias, para
fortalecimiento de políticas del sector de las medianas y pequeñas empresas y
cámaras de comercios; los mismos le eran rendidos a la Dirección General de
Contabilidad Gubernamental Digecog a través de los informes financieros
semestrales.
Estos montos para viáticos se pagaban utilizando el manual de
cálculo de viáticos, emitido por el Ministerio de Administración Pública. Los
demás fondos recaudados como los del Gasto de Administración de la Ley 112-00
(GAL), previsto en el Decreto 307-01 y Margen para el Desarrollo de GN
(Resolución 84-17), se depositaban en dos fondos especiales en la Tesorería
Nacional de la República. Durante el período 16 de agosto del 2016 al 16 de agosto
del 2020, no se desembolsaron
recursos por concepto de servicios personales, materiales y
suministros, ni pasivos financieros», sostuvieron los exministros.
La CCRD replicó que la ausencia de normativas escritas
mantiene la debilidad, pues los informes no sustituyen la falta de
procedimientos formalizados.
«Vistos los argumentos señalados, por los exministros,
concluimos que la condición se mantiene debido a que no fueron entregadas las
normativas y/o reglamentaciones, y los informes financieros remitidos a la
Dirección de Contabilidad Gubernamental (Digecog) no subsanan la debilidad
planteada, los archivos suministrados por la entidad, de los gastos ejecutados
muestran el movimiento y registro de todos los conceptos indicados en el
punto», refutaron los auditores de la CCRD.
Ingresos no depositados en Tesorería
Según la CCRD, RD$1,364 millones no fueron remitidos a la
cuenta colectora del Estado.
Montás y Toca Simó argumentaron que los recursos se
destinaron a viáticos para inspectores y militares del CECCOM, cuyos trámites
burocráticos demoraban meses.
«El Ministerio de Industria Comercio y Mipymes es el órgano
rector y regulador de la comercialización, control y fiscalización del sector
de los combustibles en el país. Los ingresos no depositados en la Tesorería
Nacional de la República son utilizados para pagos de viáticos del personal del
Ministerio de Industria Comercio y Mipymes encargados de realizar inspecciones
en todo el territorio nacional y del personal Militar del Cuerpo Especializado
de Control de Combustible CECCOM que los acompaña.
Por igual se emplea también para pagos de viáticos a
militares del mismo CECCOM que eran designados para custodiar construcciones de
terminales, depósitos y estaciones de combustibles en el territorio Nacional,
cuando estas eran construidas de manera ilegal o cerradas por encontrarse
violando la Ley en la materia, los cuales eran utilizados para su alimentación
ya que tenían que permanecer hasta meses custodiando dichas instalaciones; por
consiguiente no se depositaban en la cuenta colectora de Tesorería Nacional,
porque el proceso de desembolso a través del sistema presupuestario del Sector
Público, su ciclo duraba hasta tres meses para sus desembolsos y estos
militares e inspectores no podían esperar este tiempo financiando sus gastos de
alimentación», sostuvieron.
La CCRD insistió en que esto viola la Ley 423-06, que exige
depósitos inmediatos en Tesorería.
«La explicación dada no subsana la condición planteada, por
lo que, la misma se mantiene como está señalada», dijeron los auditores.
Personal transitorio por más de 6 meses
La CCRD destacó que 252 empleados permanecieron en nómina
transitoria, con un costo de RD$272 millones para el erario.
Los exfuncionarios atribuyeron esto a una reestructuración
pendiente del Manual de Cargos, aprobado recién en 2020.
«La extensión del período de contratación fue necesaria y
requerida por los supervisores de cada área para mantener la operatividad de
estas, al mismo tiempo que se realizaba la revisión y aprobación de los
manuales correspondientes, estableciendo con ello las distintas categorías de
cada cargo que conformó el Manual de Cargos de la institución, y que
posteriormente facilitaría el proceso de vinculación de nuevo personal de manera
definitiva», fue la defensa.
La CCRD recordó que la Ley 41-08 prohíbe exceder el plazo de
6 meses sin justificación legal.
«En las explicaciones y argumentos mencionados por los
actuales y exfuncionarios de la entidad, carece de documentaciones y alegatos
legales, que subsanen la condición descrita, inobservando así la Ley n.° 41-08,
de Función Pública, por lo que, la misma se mantienen como fue planteada»,
expresa la entidad.
Otros señalamientos
La CCRD destacó las adjudicaciones por RD$9.7 millones a
empresas vinculadas a un mismo propietario. Los exministros sostuvieron que los
procesos fueron públicos y que no había restricción si las empresas no
competían en la misma licitación. Los auditores señalaron que esto viola los
principios de libre competencia y transparencia.
También se señalan Vehículos sin placas o con chapas
prestadas, y motocicletas no ubicadas en inventario. Los funcionarios
admitieron fallas en registros heredados y explicaron que algunas placas se
extraviaron o estaban en trámite. La CCRD destacó que esto incumple la Ley
63-17 de Tránsito y el Manual de Bienes del Estado.
Se critica la adquisición de electrodomésticos para rifas,
pues RD$6.6 millones registrados como bienes institucionales, cuando eran
premios navideños. Igualmente, se señalan contratos de alimentación aumentados
hasta un 150% vía adendas, superando el 50% permitido por ley, y expedientes
incompletos, con falta de documentación en contratos millonarios, como uno de combustible
por RD$6.9 millones.
Los auditores rechazaron la mayoría de los argumentos de los
exministros por falta de evidencias, pues no presentaron documentos que
respaldaran sus alegatos, como manuales o autorizaciones excepcionales.
Encontraron inconsistencias legales, dado que las justificaciones no eximen el
incumplimiento de leyes como la 340-06 (compras públicas) o la 10-07 (control
interno). Sostienen omisiones graves, pues, por ejemplo, no explicaron por qué
no se transfirió a Tesorería el dinero recaudado.
En general, las respuestas de los exministros se caracterizaron por justificaciones operativas. Argumentaron que las debilidades se debían a limitaciones presupuestarias, procesos de reestructuración institucional o falta de normativas claras durante su gestión. Por ejemplo, en el caso de contrataciones a empresas vinculadas (6.5.5), alegaron que no había impedimento legal para adjudicar procesos a empresas con el mismo dueño si no competían en un mismo proceso.
En varios puntos (como vehículos sin placas o expedientes
incompletos), atribuyeron los problemas a gestiones anteriores o a dependencias
externas (como el Cuerpo Especializado de Control de Combustible, CECCOM).
Reconocieron que no existían manuales o políticas en áreas críticas (como TIC o
fondos internos), pero afirmaron que se trabajaba en su elaboración.
Implicaciones
El Informe de Auditoría, en su sección de carta a los
administradores, sostiene que se evidencia un patrón de debilidades sistémicas
en el MICM durante el período auditado, que incluye falta de transparencia en
el manejo de fondos internos (RD$1,341 millones sin manuales de uso),
incumplimiento de plazos legales en contrataciones y pagos, y riesgos
patrimoniales por bienes no registrados o sin documentación.
La CCRD instó al ministro actual, Víctor Bisonó, a corregir
estas fallas, aunque en sus respuestas (comunicación n.º 001524/2022) reconoció
que muchas persisten por falta de recursos o heredadas de administraciones
anteriores.
La auditoría fue referida al Ministerio Público para el
seguimiento a las violaciones de ley, tras estar años detenida por la pugna
interna en la CCRD, entidad que fue reorganizada y que cuenta con un nuevo
pleno.
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