Abinader aboga por una ley más estricta sobre declaración jurada de patrimonio.

 

El presidente Luis Abinader afirmó ayer que todos aquellos que ocupen cargos municipales deben realizar su declaración jurada de patrimonio y cumplir con la ley 311-14 "sí o sí".

El mandatario se expresó en estos términos durante LA Semanal con la Prensa, al ser cuestionado sobre que más  de 1,500 cargos municipales no han presentado su declaración jurada de bienes.

También señaló que la ley debería modificarse para que contemple medidas más estrictas para quienes no cumplan.

Ellos tienen que cumplir la ley. Sencillamente tiene que cumplirse la ley sí o sí y tienen que entregar su declaración jurada y creo que por eso debería de modificarse la ley para que fueran medidas más drásticas para los que no entregan la declaración jurada", manifestó.

Recordó que, en el 2020 y en el 2024, hicieron un esfuerzo en cuanto a los funcionarios del Gobierno para que cumplieran con la ley, incluso suspendiendo a los infractores.

"No tuvimos que llegar ni siquiera a nivel de ministros o viceministros, sino que fueron a niveles menores porque no habían presentado la declaración jurada de bienes"

La Cámara de Cuentas envió un informe a la Procuraduría General de la República, el pasado 25 de abril de 2025, donde detalla que 1,591 personas electas o reelectas y 1,644 salientes o que cesan del nivel municipal no cumplieron en el plazo legal para entregar la declaración jurada de patrimonio.

Según el documento también "podría haber otros funcionarios en situaciones de incumplimiento legal de los cuales no hemos obtenido información".

Los funcionarios electos deben presentar su declaración jurada en los primeros 30 días después de asumir el cargo; los salientes, dentro de los 30 días posteriores al cese.

Sin embargo, los datos muestran que, más de un año después del cambio de mando en los ayuntamientos y distritos municipales, que se produjo en abril de 2024, miles de funcionarios y exfuncionarios seguían incumpliendo este deber legal, pese a que la Ley 311-14 y la Ley de Función Pública 41-08 consideran esta omisión como una falta grave.