El Parlamento Centroamericano (Parlacen), cuyo propósito declarado es promover la integración regional, ha vuelto a demostrar en 2025 su desconexión con las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Durante todo el año, su “trabajo” se redujo a 24 pronunciamientos y recomendaciones, una lista decorativa que, en la práctica, no tiene ningún poder vinculante y que los países miembros pueden ignorar sin consecuencia alguna.
La indignación aumenta cuando se compara esta insignificante producción legislativa con el enorme costo que representa para los Estados mantener a sus representantes en ese organismo. Solo para la República Dominicana, el gasto acumulado entre 2020 y 2025 asciende a más de 713 millones de pesos, incluyendo la cuota anual y las generosas exenciones fiscales para la importación de vehículos de lujo por parte de los diputados.
Es aquí donde el cinismo político se vuelve obsceno: bajo el escudo de inmunidad diplomática, estos legisladores no solo gozan de privilegios similares a los de los congresistas nacionales, sino que también utilizan sus curules como puertas de entrada al negocio de vehículos de alta gama. Un ejemplo que raya en la burla al contribuyente es el de Kenia Xiomara Guante, quien compró dos Mercedes Benz G 63 por más de 20 millones de pesos, sacrificando más de 8 millones en impuestos que debieron ingresar al fisco.
Pero el derroche no termina ahí. Hay casos aún más descarados, como el de Bienvenido Casado, cuya afición automotriz ha costado al Estado más de 40 millones de pesos en la importación de un Ferrari y una Mercedes Benz. Le siguen otros parlamentarios con Lamborghinis, McLarens, y Lexus que se compran cada dos años gracias a las facilidades que les otorga su curul. No importa el partido político: todos parecen coincidir en algo, y es en beneficiarse de un sistema que premia el lujo por encima del servicio público.
El Parlacen, en teoría, debería ser un espacio de concertación y propuesta legislativa para fortalecer la integración regional. En la práctica, es una estructura decorativa que sirve de refugio político y de club exclusivo para una élite que consume recursos del Estado sin ofrecer resultados tangibles. No tiene poder real, no incide en la legislación nacional, y su impacto en la opinión pública es nulo.
A diferencia del Parlamento del Mercosur, que aunque limitado también, al menos tiene la posibilidad de trabajar en conjunto con los congresos nacionales y firmar convenios de cooperación, el Parlacen se ha conformado con emitir declaraciones simbólicas que poco o nada aportan a la vida de los centroamericanos.
Lo más preocupante es que los representantes dominicanos en este foro son electos indirectamente por listas cerradas de partidos, lo que limita aún más la posibilidad de exigirles rendición de cuentas. Esta desconexión democrática favorece el clientelismo político y perpetúa un sistema de privilegios sin fiscalización.
Es hora de preguntarnos si este Parlamento regional vale lo
que cuesta. En tiempos donde la eficiencia del gasto público debería ser una
prioridad, mantener una estructura tan onerosa como irrelevante es no solo un
despilfarro, sino una ofensa directa a la ciudadanía. El Parlacen necesita una
reforma radical —o su disolución— antes de que continúe convirtiéndose en
sinónimo de opulencia sin propósito.
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