Con la llegada del verano, la República Dominicana vuelve a enfrentar una realidad que se repite con mayor crudeza cada año: el aumento implacable de las temperaturas. Esta vez, agravado por la persistente nube de polvo del Sahara que intensifica el calor y deteriora la calidad del aire. Pero más allá del bochorno físico, este fenómeno deja sentir sus consecuencias en un ámbito aún más delicado: el bolsillo de los ciudadanos.
Las quejas no se han hecho esperar. Una residente de Baní se sorprende al ver su factura eléctrica dispararse de mil pesos a más de dos mil, simplemente por encender el aire acondicionado “unas cuantas horas”. Otro ciudadano en San Cristóbal afirma que, a pesar de saber que el servicio subirá, no piensa “dejarse matar del calor”. El problema, sin embargo, no es solo el aumento del consumo, sino la sospecha —ampliamente compartida— de que las tarifas eléctricas no regresan a su nivel previo cuando la temperatura baja.
El calor se ha convertido en una trampa de la que parece no haber escape: por un lado, exponerse puede tener consecuencias graves para la salud, como advierte la Organización Mundial de la Salud, que alerta sobre los efectos del calor extremo, incluyendo golpes de calor, agravamiento de enfermedades crónicas e incluso aumento en la tasa de mortalidad. Por otro lado, buscar alivio en un ventilador o aire acondicionado implica un gasto extra en un país donde muchas familias apenas pueden cubrir sus necesidades básicas.
Y ahí radica el verdadero problema: el calor se ha transformado en un lujo que solo algunos pueden costear. Mientras el Estado emite recomendaciones lógicas —tomar agua, evitar el sol, usar ropa ligera—, estas sugerencias resultan insuficientes ante una situación donde no existe una política pública clara de adaptación climática. ¿Dónde están las medidas de alivio para los más vulnerables? ¿Por qué el aumento en la demanda energética parece siempre traducirse en tarifas más altas sin transparencia?
El polvo del Sahara pasará, las temperaturas eventualmente
descenderán, pero la factura social y económica del cambio climático sigue
creciendo. En este contexto, urge una conversación seria sobre el acceso
equitativo a la energía, la transparencia en la facturación y, sobre todo, una
política climática que no se limite a informar, sino que proteja y actúe.
Porque si el calor es inevitable, que al menos no nos queme la dignidad.
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