El sector empresarial de la República Dominicana manifestó su
preocupación y su rechazo a la aprobación en primera lectura, por parte del
Senado, del proyecto de modificación al Código de Trabajo, el cual dijo que,
lejos de modernizar el marco normativo, representa un retroceso.
Los diferentes gremios denunciaron que el texto aprobado
desconoce acuerdos alcanzados tras años de trabajo en el marco del diálogo
tripartito y que no refleja los principios de equilibrio y sostenibilidad que
el país requiere.
Cambios que se introducen:
Aumentan significativamente los costos laborales, sin
considerar la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes),
que representan más del 98 % del tejido productivo nacional.
Desincentivan la
creación de nuevos empleos formales, en un contexto en que la informalidad ya
supera el 55 % de la fuerza laboral, al tiempo que atenta con los esfuerzos de
formalizar las empresas.
Sobrecargan los procesos judiciales, generando mayor
incertidumbre jurídica y debilitando el clima de inversión necesario para
atraer capital nacional y extranjero.
"Esta reforma envía una señal negativa en un momento en
que el país enfrenta retos globales, que demandan estabilidad, confianza y
visión de futuro. Insistimos en que cualquier reforma debe ser fruto de un
proceso amplio, participativo y basado en estudios técnicos que evalúen sus
impactos económicos y sociales", estableció el sector empresarial mediante
un comunicado.
Indicaron que el país merece una reforma laboral
transformadora, que genere más y mejores empleos y que contribuya al
crecimiento económico inclusivo, especialmente en un contexto global lleno de
desafíos.
"Desde el inicio de las discusiones sobre la necesidad
de actualizar la legislación laboral, hemos reiterado nuestra disposición al
diálogo, con el objetivo de alcanzar un consenso que preserve los derechos
fundamentales de los trabajadores, impulse la productividad, fomente la
creación de empleos formales y fortalezca la competitividad de la economía",
agregaron.
Exhortaron al Congreso Nacional y a las autoridades
competentes a retomar el diálogo tripartito, con la participación activa de
empleadores, trabajadores y Gobierno, para construir un marco regulatorio
moderno, justo y adaptado a las necesidades del mercado laboral actual y de las
futuras generaciones.
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