La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, se enfrenta a su primer gran caso de presunta corrupción administrativa desde que asumió el cargo en febrero de este año. Se trata de una presunta red delictiva integrada por coroneles activos, generales retirados y empresarios, vinculados a un esquema de sobornos para la adjudicación de contratos de seguridad privada en instituciones del Estado. La actividad, bautizada como Operación Lobo, ha resultado en el arresto de 15 personas.
Esta es la primera prueba de envergadura que enfrenta Reynoso
y su equipo de trabajo, conformado por Wilson Camacho, nuevo director general
de Persecución, y Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Ambos funcionarios también
formaron parte del equipo que acompañó la gestión anterior encabezada por
Miriam Germán Brito, bajo la cual se ejecutaron importantes operativos de
presunta anticorrupción.
En su discurso de toma de posesión, Reynoso dejó claro que la lucha contra la corrupción sería uno de los pilares de su gestión:
"Mi objetivo esencial es servir a la sociedad
dominicana, contribuyendo a la construcción de un sistema de justicia más
fuerte y un país que sea modelo en materia de seguridad humana. Quiero que
quede muy claro: la corrupción jamás podrá penetrar a nuestro despacho. No la
toleraremos y la perseguiremos dentro y fuera de la institución".
Algunos han confesado
Según la acusación preliminar del Ministerio Público, algunos de los imputados han confesado haber pagado sobornos para obtener contratos de servicios de seguridad privada en instituciones estatales. Por la gravedad de los hechos, el órgano acusador ha solicitado prisión preventiva como medida de coerción.
Entre los arrestados figura el mayor general retirado del
Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, junto a los coroneles Andrés Pacheco
Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías
Camaño Pérez. También fueron detenidos Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, coronel
de la Fuerza Aérea; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos;
el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz, y el empresario Quilvio
Bienvenido Rodríguez González. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás
Fernández Espinal.
La acusación
Los contratos cuestionados se adjudicaron en entidades como
el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el
Seguro Nacional de Salud (Senasa), y las tres distribuidoras de electricidad
del país: Edenorte, Edeeste y Edesur.
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La investigación fue iniciada a partir de una denuncia formal
remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que
dirige Milagros Ortiz Bosch.
Desde entonces, la Pepca y la Dirección General de
Persecución han avanzado en las pesquisas que comprometen a altos mandos
militares y civiles en un nuevo caso que pone a prueba la voluntad
institucional de combatir la corrupción en el Estado dominicano
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