Por la Redacción.
En la República Dominicana, la criminalidad ya no solo es un problema de seguridad: es el síntoma de una estructura institucional que hace aguas por todos lados. Delincuentes con prontuarios extensos entran y salen del sistema judicial con una facilidad vergonzosa, mientras las víctimas, muchas veces indefensas, son revictimizadas por un aparato que no les garantiza ni justicia ni protección.
El patrón es tan predecible como indignante: individuos que han sido detenidos, fichados, señalados por víctimas y con órdenes de arresto vigentes siguen en las calles hasta que finalmente son abatidos en los tristemente célebres “intercambios de disparos”. ¿Por qué? Porque el sistema judicial es tan laxo como lento, tan burocrático como indiferente.
El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, culpa al proceso judicial y a las víctimas por no “sustentar las acusaciones”. ¿De verdad vamos a culpar a los ciudadanos por un sistema que los deja solos frente a la criminalidad? Esta narrativa no solo es cínica, es peligrosa. La responsabilidad principal de garantizar justicia no puede recaer en quienes apenas sobreviven a la violencia, sino en las instituciones que deben protegerlos.
Desde el ámbito judicial, se argumenta que el Código Procesal Penal limita las acciones ante ciertos delitos. Pero este tecnicismo legal se ha convertido en una excusa repetida para justificar la impunidad. Robos, agresiones y posesión de drogas se enfrentan con medidas blandas —cuando no ridículamente ineficaces— mientras los reincidentes aprovechan la falta de coordinación institucional para delinquir, salir, y volver a delinquir.
El abogado Ulises de la Cruz lo explica con claridad: hay un ciclo estructural que alimenta la reincidencia, y va desde la presunción de inocencia (mal aplicada) hasta la corrupción, el colapso carcelario y la absoluta ausencia de un sistema de rehabilitación. La justicia dominicana es una telaraña rota, donde el pez más escurridizo —y muchas veces violento— siempre se escapa.
Además, el sistema es cruelmente selectivo. Mientras los delitos de cuello blanco rara vez pisan una celda, los crímenes comunes se tratan con indiferencia judicial y abandono institucional. ¿Cómo esperar que una víctima de escasos recursos enfrente un proceso judicial largo, costoso y amenazante, sin garantías de seguridad ni respaldo estatal?
La verdad incómoda es esta: el Estado dominicano está fallando. Fallan los jueces al dejar libres a individuos con antecedentes claros. Falla el Ministerio Público al no presentar expedientes sólidos. Falla la Policía, a veces por negligencia, otras por falta de recursos o de voluntad. Falla el sistema carcelario, donde en lugar de reinsertar, se perfecciona el crimen. Y falla, sobre todo, la política pública, que ha sido incapaz de generar condiciones de vida dignas para evitar que miles de jóvenes encuentren en el delito su única opción.
Cuando una sociedad permite que los delincuentes reincidan más que las oportunidades de justicia, cuando la muerte es más rápida que el juicio y la impunidad más común que la condena, no hablamos ya de inseguridad, sino de una crisis profunda del Estado de derecho.
Hasta que no se rompa este círculo vicioso de negligencia,
complicidad y abandono, seguiremos escuchando los mismos nombres, los mismos
crímenes, y los mismos finales. Pero ya no debería sorprendernos. En la
República Dominicana, lo verdaderamente inaceptable, es que nada cambie.
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