“Cuando la justicia llega después de la versión oficial, genera sospechas. Procuraduría investiga muerte de cinco hombres a manos de la Policía”

 

 Por Félix Betances

¿Investigación tardía o maniobra reactiva? La Procuraduría y el caso de la balacera en La Barranquita

La Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, ha ordenado la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias en las que cinco hombres fueron abatidos por agentes de la Policía Nacional en una plaza comercial del sector La Barranquita, en Santiago. El anuncio llega horas después de que la Policía diera por cerrado el caso desde su propia narrativa, en la que sostiene que se trató de un enfrentamiento armado con individuos peligrosos y armados hasta los dientes.

Sin embargo, el tiempo en que se emite esta orden de investigación —después de la rueda de prensa policial y de que las imágenes del hecho y las declaraciones de los familiares circularan ampliamente en redes sociales— abre interrogantes importantes:

¿Por qué la Procuraduría tardó tanto en intervenir en un hecho con semejante carga de violencia institucional?

¿Se trata de una verdadera intención de esclarecer o de una respuesta política y mediática ante la presión pública?

Las autoridades policiales aseguraron que los fallecidos poseían antecedentes penales relacionados con robo, narcotráfico y tráfico de armas, y que fueron abatidos en medio de una balacera que dejó también a un cabo herido. En el lugar, según el vocero de la institución, se ocuparon armas largas, pistolas y decenas de casquillos.

Sin embargo, la versión oficial ha sido duramente cuestionada. Familiares de los fallecidos, testigos y activistas denuncian que no hubo tal enfrentamiento, sino una ejecución a sangre fría. Un caso que recuerda patrones de presunta “limpieza social” por parte de la fuerza pública, con historiales anteriores de excesos, encubrimientos y desaparición de pruebas.

En este contexto, la decisión de Reynoso —emitida a través de una comunicación al procurador adjunto Wilson Camacho y a la fiscal interina de Santiago, Quirsa Abreu— pide “determinar las circunstancias objetivas” del caso. Pero el lenguaje técnico y la formulación aséptica del mandato evade una realidad que ya es pública: el país está frente a un operativo de altísima letalidad policial en una zona urbana concurrida, con víctimas no necesariamente implicadas directamente en delitos en el momento del hecho, como es el caso de Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, quien, según su esposa, se encontraba simplemente cortándose el cabello.

Entonces, la pregunta persiste: ¿por qué investigar ahora y no inmediatamente, cuando se supo que cinco personas habían muerto a manos del Estado? ¿Qué legitimidad tienen las pruebas recogidas y procesadas por la misma Policía que está bajo escrutinio? ¿Y hasta qué punto el Ministerio Público será realmente independiente en su accionar?

Este episodio refleja, una vez más, los dilemas de la justicia dominicana cuando se enfrenta al poder represivo de las fuerzas del orden. Mientras tanto, los muertos ya fueron enterrados. Las balas ya hablaron. Y el silencio inicial de la Procuraduría deja un vacío difícil de llenar con comunicados posteriores.

Seria bueno al menos imaginarse, en qué lugar se situaría la credibilidad policial, en caso de que la investigación sea exhaustiva e inmaculada y que arrojase resultados con realidades diferentes. 

Esperemos a ver...