¿Se puede criar con corrección y respeto sin violencia?. He aquí el reto. OPINION

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La deuda impagable con la niñez dominicana

Los datos revelados recientemente por UNICEF son más que una alarma: son un grito desesperado que exige acción inmediata. Que el 63.5 % de los niños dominicanos entre 1 y 14 años sufra algún tipo de violencia en sus propios hogares es una tragedia social que no puede seguir siendo minimizada ni excusada como “parte de la cultura”. Aún más alarmante, el hecho de que esta cifra ascienda al 70 % en los niños de 3 a 4 años apunta a una realidad profundamente perturbadora: estamos criando generaciones marcadas por el trauma, dentro de espacios que deberían ser seguros por excelencia.

Este panorama es el resultado de un sistema fallido que ha permitido que la violencia, la negligencia y la desigualdad se normalicen en la vida cotidiana de la infancia. A esto se suman otros males igualmente corrosivos: uniones tempranas, embarazos adolescentes, trabajo infantil y el creciente riesgo de suicidio en menores de edad. Estos no son hechos aislados, sino síntomas de una estructura social y política que ha abandonado a sus niños.

Pero no basta con indignarse ante las cifras. Es necesario actuar con urgencia, con decisión y con una visión de Estado que ponga a la infancia en el centro de las políticas públicas. Y eso empieza por reconocer que no es solo responsabilidad del gobierno, sino de toda la sociedad.

¿Qué debe hacerse?

Primero, es imprescindible fortalecer y aplicar con firmeza un marco legal que castigue el maltrato infantil sin ambigüedades. No podemos seguir tolerando la violencia física y psicológica bajo el disfraz de “disciplina tradicional”. La erradicación de este problema debe comenzar en el hogar, pero apoyarse en un sistema de justicia que proteja efectivamente a las víctimas y sancione a los agresores.

Segundo, urge un aumento sustancial en la inversión pública para la protección de la infancia, especialmente en programas de educación temprana, atención psicológica y trabajo social comunitario. No podemos seguir recortando presupuestos en las áreas más sensibles si de verdad queremos un país con futuro.

Tercero, la educación de padres, madres y cuidadores debe ser parte de una estrategia nacional de cambio cultural. La crianza con respeto y sin violencia no es un lujo ni una moda: es una necesidad. Deben impulsarse campañas sostenidas y accesibles, con el respaldo de las iglesias, los medios de comunicación y las escuelas.

Cuarto, la escuela debe ser un refugio, no un espacio donde también se reproduzca la violencia. Necesitamos formar docentes capaces de detectar señales de abuso, intervenir adecuadamente y crear entornos seguros. Al mismo tiempo, debemos garantizar el acceso universal a la educación como forma de prevención del trabajo infantil y de las uniones tempranas.

Finalmente, las estadísticas sobre suicidio adolescente deben encender todas las alertas. La salud mental infantil y juvenil requiere atención urgente, con líneas de ayuda, personal capacitado y acceso gratuito a servicios psicológicos. Ignorar este problema es condenar a más jóvenes a la desesperanza y al silencio.

En un país donde el 31.7 % de la población son niños, niñas y adolescentes, proteger sus derechos no puede ser un gesto simbólico que se recuerde solo en fechas conmemorativas. Es una obligación permanente y colectiva. Porque cuando la infancia está en peligro, el futuro entero de la nación también lo está.